El descomunal esfuerzo de Cristina Kirchner para zafar de los problemas judiciales

Desde que asumió como vicepresidenta uno de los principales objetivos de Cristina Kirchner fue mejorar su situación judicial. Desde el arranque del Gobierno de Alberto Fernández logró meter en lugares clave del área judicial del Gabinete a hombres y mujeres de su mayor confianza. Pero no fue la única movida que impulsó Cristina para tratar de aliviar su frente en la Justicia que incluyó, entre otras maniobras, el intento de correr a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y la más reciente movida para cambiar la forma de elección del Procurador General, el paso previo para impulsar un candidato de su gusto.

El esfuerzo de la vicepresidenta para zafar de la Justicia, a esta altura, es descomunal. Pero en los hechos siente que no viene teniendo los resultados esperados. La vicepresidenta sabe que a casi un año de la salida de Mauricio Macri y la llegada del Frente de Todos sus causas siguen firmes -pese a algunas demoras o retrasos- en los tribunales de Comodoro Py. Y cree que desde algunos sectores del oficialismo no hacen todos los esfuerzos para ayudarla. Los dardos apuntan, sobre todo, a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, una de las funcionarias «que no funcionan», según el criterio que dejó asentado en la dura carta que escribió hace tres semanas.

El enojo de Cristina con Losardo no es menor y revela las tensiones de la vice con Alberto Fernández. La ministra es una de las funcionarias de mayor confianza del Presidente, es su amiga, fue su socia y tiene contactos con la corporación judicial tan denostada por la vicepresidenta.

En el área de Losardo, Cristina logró meter al número dos del ministerio, Juan Martín Mena, que ya trabajó con ella cuando era presidenta: se desempeñaba como subsecretario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando la comandaba Oscar Parrilli. Las diferencias entre Mena y Losardo no son menores pese a que se conocen desde hace años.

También logró que la Oficina Anticorrupción (OA) quedara en manos de Félix Crous, el ex fiscal y fundador de Justicia Legítima. Crous se movió rápido. Primero dejó de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces elevadas a juicio oral. Y en octubre fue por más y se retiró de las querellas en todas las causas penales. La decisión de Crous incluye justo las causas donde está procesada la vicepresidenta, pero según el ex fiscal fue por una supuesta «falta de personal». Aunque tuvo un efecto simbólico fuerte, en los hechos la movida de la nueva OA no logrará frenar esos expedientes.

Una de las causas que más la preocupa es la de Vialidad que está en pleno juicio oral. Ese expediente investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el amigo y socio de Néstor Kirchner. Allí, pese a los esfuerzos, no logró que el juicio detuviera su marcha. Solo la pandemia lo volvió más lento -estuvo varios meses suspendido- pero todo indica que el año que viene habrá un veredicto final. En el expediente Hotesur tuvo una victoria momentánea. Logró que se retrase el inicio del juicio luego de que la Justicia aceptara que se realice un peritaje -pedido por la defensa de la vice- de todos los contratos entablados con Báez y Cristóbal López por el alquiler de habitaciones de hotel. 

Las terminales de Cristina en áreas claves de la Justicia incluyen el Consejo de la Magistratura donde gana poder el consejero por el oficialismo Gerónimo Ustarroz. Es hermano de crianza de Eduardo «Wado» De Pedro, el ministro del Interior muy cercano a la vice. Ustarroz fue quien impulsó el informe que cuestionó los traslados de Bruglia y Bertuzzi, los dos camaristas que tiene en la mira la vicepresidenta por sus actuaciones en causas de corrupción, sobre todo en la de los cuadernos donde ratificaron el procesamiento en su contra como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recolección de coimas.

Incluso su abogado, Carlos Beraldi, integró la comisión de juristas impulsada por el Presidente para evaluar cambios en la Corte Suprema, la Procuración y el Consejo de la Magistratura. Beraldi votó a favor de cambiar la forma de elegir al Procurador para que deje de ser nombrado por dos tercios de los senadores y pase a a ser por mayoría absoluta, unos 37 votos. Justo lo que buscaba el kirchnerismo duro en el Senado, que ya consiguió dictamen el viernes pasado y se prepara para debatirlo antes de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso.

Aunque en el Senado pasará sin problemas, los cambios en la Procuración podrían frenarse en Diputados, como contó Clarín. Podría ser otra mala noticia para Cristina.