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el Gobierno acepta negociar para que el Senado sancione la ley sin cambios

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Cristina Kirchner ya fijó fecha y hora. Este martes, a partir de las 16, el Senado debate el proyecto de legalización del aborto. Si bien la pelea la pelea sigue voto a voto y algunos legisladores “verdes” piden retoques, el oficialismo negó esta semana posibilidades de cambios al texto y apuesta a resolver diferencias en la letra chica de la reglamentación para evitar que la norma vuelva a Diputados. “Estamos confiados, pero no relajados”, aseguran.

El arranque del debate, tan pasado del mediodía, llamó la atención. Hay dos argumentos: que de esa manera la votación llegaría en plena madrugada, con la vigilia en la calle diezmada, más fácil para una desconcentración ordenada; y que así también los legisladores que viajen a sesionar desde el Congreso –para evitar problemas técnicos y posibles escraches en sus provincias- tengan mayor plazo para llegar.

A diferencia de 2018, tanto en el sector “verde” como en el “celeste” prima el hermetismo como estrategia. “Cualquier movimiento y muestra de diálogo con algún senador o senadora solo genera amenazas y violencia”, advierten desde el Ejecutivo, donde trabajan este tema en puntas de pies.

Ningún sector canta victoria y los poroteos se reescriben a cada hora, atados a un sinfín de variables. Sin la presencia del tucumano José Alperovich –de licencia hasta enero por la denuncia de violación en su contra- y de Carlos Menem, quien permanece internado, son 70 los senadores que activos para la sesión y aún quedan dos indefinidas: la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, y la radical Stella Maris Olalla.

Por ahora el poroteo le da a los «verdes» una mínima ventaja: 33 a 32. Aunque varios senadores se sumaron en las últimas horas a la lista de los que siembran dudas. Son el radical Oscar Castillo, el kirchnerista Sergio Leavy y el aliado K Alberto Weretilneck.​

También los pedidos de cambios por parte de un puñado de senadores “verdes” generan incertidumbre. Entre ellos se encuentra el oficialista Edgardo Kueider, que firmó en disidencia el despacho de comisión. El rionegrino Weretilneck advirtió que si no tiene respuestas favorables a sus pedidos se va a abstener.

Por la oposición, se suman los legisladores del PRO, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, que también plantean diferencias en algunos artículos puntuales. Podrían acompañar en general, pero votar en contra o abstenerse en ciertos articulados. 

En el Frente de Todos temen que sean más los legisladores de Juntos por el Cambio que empiecen a poner reparos y denuncian presiones políticas de Mauricio Macri para no darle una “victoria” al Gobierno. “Meter cambios es la salida elegante de los que analizan esta ley como una pelea política y la quieren frenar”, aseguran.

El jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, negó ante Clarín que el ex presidente esté llamando a los legisladores para presionarlos. “Hay libertad de acción para el quórum y para el voto, igual que en 2018”, aseguró. “No hay decisión orgánica en este tema, cada uno vota con libertad de conciencia”, agregó Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.

El punto es que cualquier retoque significaría la vuelta del proyecto a Diputados. Pero la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, salió esta semana a aclarar que «no se está analizando introducir cambios en el texto”. “Se va a votar el proyecto que llegó y que había sido trabajado previamente con senadores y senadoras de todos los bloques en el momento que trabajamos en el dictamen en la Cámara de diputados y diputadas», aseguró. 

Sin embargo, aún con la norma sancionada en general, si alguno de los artículos discutidos en particular no alcanza los números para la aprobación, todo el proyecto debería volver a Diputados. En la Cámara baja, no barajan esa opción. “Creemos que sale sin modificaciones, pero si vuelve lo trataremos”, afirman.

Ese es el escenario que la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra trabaja para evitar. Para eso, están discutiendo la parte más fina de la reglamentación. «Siempre con un compromiso político se puede ajustar«, aseguran. Pero entre los legisladores que piden cambios, algunos advierten que hay puntos que la reglamentación no puede salvar. «Si no quieren acordar modificaciones, lo único que queda es el veto«, afirman.

Sin embargo, el oficialismo también tiene otras cartas. Una de ella es convencer a senadores «celestes» propios para que se abstengan. «Hasta el 29 vamos a seguir trabajando con los compañeros que están indecisos y también con los que están en contra», aseguró la senadora Nancy González (FdT).

En las últimas horas el salteño Sergio Leavy, que votó en contra en 2018, reconoció que se está replanteando su voto. Sin embargo, un giro a la inversa se da en JxC, donde el catamarqueño Oscar Castillo, que votó a favor en 2018, hoy está en el terreno de los que mantiene en reserva si vota o se abstiene.

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