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El Gobierno espera dar esta semana el primer paso para encarar la renegociación de la deuda con mayor respaldo político e institucional. Confía en que el proyecto enviado al Congreso por el ministro Martín Guzmán obtendrá media sanción «con amplio apoyo» en Diputados el miércoles y que el Senado lo convertirá en ley el 5 de febrero.
El debate de la “ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública” empezará el martes en el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas, en paralelo al primer viaje oficial de Guzmán, quien ese mismo día estará exponiendo en el Consejo de las Américas en Nueva York.
Si la Cámara Baja lo aprueba se tratará en el Senado en la primera semana de febrero, justo cuando Guzmán esté participando del encuentro económico del Vaticano, donde coincidirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Básicamente, la iniciativa le da más facultades al ministerio de Economía para realizar canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos emitidos bajo ley y moneda extranjera.
Entre los puntos más importantes, autoriza la prórroga de jurisdicción -que permitirá que los nuevos bonos se mantengan bajo legislación extranjera-, la contratación de agentes y limita a 0,1% las comisiones que pueden cobrar los bancos colocadores de deuda.
El texto no adelanta ningún tipo de información sobre la propuesta que el Ejecutivo le hará a los acreedores y mantiene el requisito fijado en la Ley de Administración Financiera de mejorar dos de tres condiciones: montos del capital, plazos o tasas de intereses.
Por eso, la oposición fue la primera en plantear que la ley no es más que «un paraguas político». En el oficialismo reconocen que las modificaciones que plantea el proyecto podrían ser aplicadas por decreto, sin necesidad de enviar un proyecto al Parlamento.
“La ley ayuda porque solidifica, da mayor entidad y sienta los marcos generales para entrar en la renegociación. Además, en una República siempre es más sano hacer cambios por ley que sacarlos por decreto”, señalan desde el área económica del Gobierno.
Para el Gobierno no es lo mismo negociar en soledad que con el respaldo que dan todas las fuerzas políticas de un Congreso. «Es la posición de la República Argentina sobre el tema», destaca un funcionario del oficialismo.
Además, les permite tener un marco jurídico más «seguro» en caso de que surjan futuras demandas.
Si bien el Frente de Todos no espera que la ley salga «por unanimidad», confían en que tendrán un «amplio respaldo». Aunque, eso no quita que el tema -sensible sobre todo para el macrismo- genere fuertes cruces en el Congreso.
«Darles cheques en blanco como es uno de esos artículos para el contenido de la negociación no creo que sea bueno», calentó la previa el presidente de la UCR y diputado Alfredo Cornejo, aunque aseguró que «no está en discusión la autorización para reestructurar deuda».
«Si no apoyan quedan muy mal porque ellos son los responsables de la situación actual ¿Desde qué lugar se van a oponer?», señala un funcionario. «A ellos les conviene este proyecto para tapar las cagadas que hicieron» apunta una fuente parlamentaria.
El interbloque de Juntos por el Cambio se reúne el mismo martes para definir su estrategia. Sin embargo, la intención general es dar quórum y acompañar, aunque adelantaron que pedirán modificaciones.
Con empuje de los gobernadores radicales, solicitarán que se autorice a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración de sostenibilidad que permite el proyecto y quieren que se sume un diferimiento de plazos -hasta diciembre de 2024- para la deuda en pesos que las provincias tienen con el Tesoro y la ANSeS.
Los dos interbloques federales también tienen previsto acompañar.
«Este texto no plantea cuestiones graves ni tampoco concretas sobre la negociación. Es todo bastante redundante. Lo más importante va a ser plantear el control que va a hacer el Congreso sobre lo que se termine negociando. Eso lo vamos a plantear», dijo a Clarín José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal.
El interbloque Federal, que conduce Eduardo «Bali» Bucca, no hicieron declaraciones públicas pero gran parte de sus miembros acompaña la moción de darle al Ejecutivo «todas las herramientas necesarias».
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