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El Gobierno decidió extender el congelamiento en las tarifas de energía eléctrica y gas natural por otro plazo de 90 días, que durará hasta marzo. En ese lapso, buscará un consenso entre los diferentes sectores concernidos antes de llegar a las audiencias públicas. Para ello, se plantea iniciar en esos meses la renegociación, con las prestadoras que están bajo jurisdicción federal, de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente .
La formalización de este período se hizo a través del decreto 1020/2020 publicado en el Boletín Oficial, que estableció que “el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores”. En otras palabras, que recién en dos años quedará definido el esquema que regirá para el futuro la determinación de las tarifas de energía.
En paralelo, prolonga por «un plazo adicional de 90 días», es decir hasta el 15 de marzo próximo, el «mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural establecido en el artículo 5 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado por el Decreto 543/20».
Asimismo, el decreto publicado este jueves definió que “el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios”.
Fuentes oficiales adelantaron a Página/12 que el proceso antes descripto le otorga un plazo de tres meses a una especie de instancia de negociación e interconsulta con sectores que serán afectados por la reformulación tarifaria.
En la previa a la Revisión Tarifaria Integral, habrá una ronda de consultas con entidades, clubes de barrio y pymes para llegar conociendo sus inquietudes y el impacto que ya tuvieron en esos sectores las subas de tarifas aplicadas durante el gobierno de Cambiemos. En paralelo, los que siguen el tema afirmaron que, para tener una foto de los sectores que pueden y no pueden afrontar alzas, habrá cruces de datos y análisis de las bases.
Detalles del Decreto
El decreto también encomendó a los entes nacionales reguladores del Gas (Enargas) y de la Electricidad (ENRE), “la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector regulado”.
Además señaló que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
También puntualizó que “el Enargas y el ENRE quedan facultados para dictar los actos administrativos que correspondan y resulten necesarios, disponiendo de plenas facultades para establecer las normas complementarias de la presente”.
La «transición»
A fines del año pasado, el Congreso le dio vía libre a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la emergencia pública tarifaria y energética. Esto redundó en facultades para que el Poder Ejecutivo pueda “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”. Así, el Gobierno pudo mantener las tarifas de luz y gas bajo jurisdicción federal e iniciar, luego, el período de renegociación.
El Gobierno Nacional ya venía avisando sobre la necesidad de actualizar los valores con una segmentación por ingresos y capacidad de pago. A fines de noviembre, el secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que «tenemos que ir a una tarifa de transición y pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía».
En la misma línea, el funcionario consideró que «un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada» y explicó que se avanzará «hacia un uso más inteligente de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa, y que no se vean a obligados a salir del sistema».
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