El Gobierno prorrogó la emergencia económica y soci…

El Gobierno prorrogó durante un año más la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Entre otros puntos, la medida le da luz verde para reestructurar tarifas, generar incentivos para la regulación de deudas y promover la recuperación de salarios con criterio de equidad.

La decisión se oficializó a través del Decreto 1042/2020 publicado en el Boletín Oficial, que dispone la vigencia de esa medida hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive.

El texto lleva la firma del presidente Alberto Fernández alude a la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, dispuesta en el marco de la emergencia pública, que delega en el Poder Ejecutivo nacional facultades extraordinarias.

Esa ley exige «fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos».

También exige procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo tiene luz verde para regular la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. También para reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.

Del mismo modo podrá promover la reactivación productiva a fin de generar incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, la norma obliga a impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados y generar mecanismos para facilitar el arribo de nuevos acuerdos salariales.