El presidente del Consejo de la Magistratura rechazó el proyecto oficial para modificar las jubilaciones de los jueces

El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, rechazó este lunes el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para modificar el régimen jubilatorio del Poder Judicial, y afirmó que «es muy probable que sea declarado inconstitucional». 

Tras afirmar que quieren «que a este Gobierno le vaya bien», Lugones, cercano al kirchnerismo, pidió que convoquen a los jueces «a ser parte de la solución y no del problema».

«No me gusta el proyecto. No son jubilaciones de privilegio. En este proyecto hay una parte que se mantiene vigente totalmente y son jubilaciones de privilegio, que es cuando una persona ocupa un cargo, no importan cuánto tiempo esté, y cobra como si hubiera trabajado 50 años», sostuvo.

Según Lugones, «las jubilaciones en el Poder Judicial son jubilaciones especiales porque tienen una retribución al final de nuestro período activo dentro del Poder Judicial. Se les dice ‘privilegio’ porque son más altas que las jubilaciones normales, lo podemos admitir. Pero el cuestionamiento es por la diferencia con un ciudadano común».

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«Es muy probable que sea declarada inconstitucional. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien, no se nos escapa a la gran mayoría de los jueces el momento complejo que vive el país. Pero permítannos formar parte de la solución y no del problema», subrayó en declaraciones a radio Futurock.

De todas formas, Lugones aclaró que no hay «ningún problema» en el cambio en la edad jubilatoria de los magistrados, que, según la iniciativa, pasaría de 60 a 65 años.

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La semana pasada, el Ejecutivo envió el proyecto de ley para modificar los regímenes jubilatorios de los jueces, fiscales, ex presidentes y diplomáticos. La intención del Gobierno, según dice en el texto enviado al Congreso, es reducir el déficit del sistema previsional, “que ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los DOS (2) puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI)”.

Con respecto a los jueces y fiscales, la nueva ley lleva la edad jubilatoria mínima de los 60 a los 65 años para hombres y mujeres, y sube los aportes de los trabajadores en actividad de los 11 a los 18 puntos. Además, modifica el régimen que establece que el haber previsional de un juez o fiscal jubilado debe alcanzar el 82% de lo que cobran esos mismos funcionarios en actividad y lo cambia por un artículo que dice que el haber previsional debe ser equivalente al promedio del 82% de los haberes que cobró ese funcionario en los últimos diez años de actividad.

JPE