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La provincia de Buenos Aires (PBA) emitió bonos de cancelación de deuda para hacer frente al endeudamiento heredado con los aproximadamente 5.200 proveedores y contratistas que brindan servicios clave para el Estado provincial en áreas sensibles como salud, educación, seguridad e infraestructura, así como también a otros entes públicos tales como municipios y hospitales.
La emisión es por un total de hasta 15 mil millones de pesos y los proveedores y contratistas a los que se les adeude un monto igual o superior a los 50 mil pesos, podrán solicitarlo a través del sitio web de la Tesorería General de la Provincia. El primer pago de capital será el 7 de diciembre de 2021 y se amortizarán en cuatro cuotas trimestrales y consecutivas.
Apenas asumida la nueva gestión bonaerense el 11 de diciembre pasado, los funcionarios de las distintas carteras del gabinete de Axel Kicillof identificaron una constante: desde agosto de 2019, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó de pagar los contratos con los proveedores y contratistas del Estado.
La deuda alcanza los 50 mil millones de pesos y comprende desde el pago de los servicios de reparación de impresoras de los ministerios, hasta contratistas de obra pública, proveedores de servicios esenciales como los relacionados con residuos patológicos y gases comprimidos en el sector de la salud, proveedores de insumos de salud, prestadores médicos (generalmente agrupados en cámaras, entidades gremiales o federaciones) y empresas de servicios de alimentos. Una consecuencia pública de esta deuda fue la situación crítica que se vivió durante diciembre con la alimentación en las cárceles de la provincia por falta de pago a proveedores.
“El bono es una herramienta de adhesión voluntaria que permitirá al Estado provincial seguir avanzando hacia la regularización de la situación con mayor rapidez”, aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. «El impacto para la Provincia de Buenos Aires será reducir su deuda en un 52 por ciento. De esta manera, surgirán posibilidades para ejecutar en mejores tiempos y formas la obra pública, las prestaciones de servicios de salud, educación y seguridad», agregaron fuentes del Ministerio a PáginaI12.
El condicionamiento que genera la herencia de una deuda flotante tan importante es significativo por el atendible reclamo de los proveedores previo a presentarse a nuevas licitaciones o efectivizar nuevas entregas. Además, por la proyección y estimación de los precios de referencia que se presentan en las licitaciones que deben incorporar, como costo adicional, enormes retrasos en los tiempos de pago.
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