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El gobierno presentó un informe de auditoría sobre Arsat a la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación donde denuncia una serie de irregularidades registradas en la empresa estatal entre 2015 y 2019. Así lo confirmó a PáginaI12 la secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcolm. “El informe es un estado de situación general de la empresa que se acompañó con anexos documentales específicos referidos a las diferentes situaciones que fue identificando el directorio a medida que avanzó en la gestión”, aseguró la funcionaria.
El primer condicionante que enfrentó el directorio de la nueva gestión tuvo que ver con la cuestión económico-financiera y administrativa porque el último balance aprobado era de 2015. El único balance presentado por la gestión anterior ante el directorio fue el 2016, pero no estaba aprobado, mientras que los de 2017, 2018 y 2019 ni siquiera fueron presentados. Si bien la compañía recibe financiamiento del Estado Nacional, también debería estar en condiciones de solicitar un crédito, pero sin balances aprobados desde hace más de 4 años eso es imposible.
Otro de los problemas que enfrenta la compañía son acreencias por unos 1400 millones de pesos, pero que en su inmensa mayoría fueron por servicios brindados a dependencias estatales con las que no se firmó ningún convenio. Por lo tanto, resultará prácticamente imposible poder cobrar esas deudas.
Arsat también se vio afectada por la decisión de frenar el proyecto de construcción del satélite geoestacionario Arsat III. En el gobierno estiman que la interrupción de ese contrato le generó a la compañía un perjuicio por unos 38 millones de dólares. Eso es porque tenían contratos ya firmados para la provisión de una serie de servicios que finalmente no demandó. La presentación oficial detalla, por ejemplo, deudas con Arianespace por 20,3 millones de dólares y con la francesa Thales por 308 mil euros, sin contar intereses. Por otra parte, hubo que gastar unos 7 millones de euros para conservar la posición orbital donde iba a estar el Arsat 3 y estiman que deberán desembolsar otros 7 millones de euros para preservarla hasta que esté listo el nuevo satélite Arsat SG1.
Por último, en la presentación oficial también se hace referencia a una serie de contrataciones directas llevadas adelante por la empresa. “Había órdenes de compra directas que se habían autorizado aun cuando toda la auditoría previa decía que no era apropiado avanzar”, señaló una fuente oficial. El informe detalla contratos con una serie de firmas entre las que figura Consensus Argentina S.A., compañía vinculada a familiares del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, con la que se cerraron contratos por unos 38 millones de pesos.
Durante la gestión de Macri se llegó a evaluar desguazar la compañía estatal poniendo a la venta sus distintas unidades de negocios, pero finalmente esa iniciativa no se concretó, aunque el plan de desarrollo satelital previsto en la ley 27.208 no se cumplió. Ahora el gobierno nacional busca retomar esa senda a partir de la puesta en marcha del Plan Conectar que contempla la construcción de un nuevo satélite. La inversión prevista es de 18.300 millones de pesos (unos 230 millones de dólares al tipo de cambio oficial). El objetivo del satélite, que ofrecerá servicios de última generación en banda Ka, es darle conectividad de alta calidad a más de 200 mil hogares ubicados en zonas rurales.
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