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La Argentina alcanzó 45 puntos (el año pasado tenía 40) sobre 100 posibles en el índice internacional de percepción de la corrupción (IPC), lo que indica que la gestión del ex presidente Mauricio Macri terminó con una mejoría en cuanto a la transparencia en el Estado. En esta encuesta reciben 100 puntos son los países percibidos como más transparentes. Así la Argentina se ubicó, el año pasado, en el puesto 66 entre 180 países valorados.
En relación a los países del continente americano, Argentina se ubicó en el puesto 13 sobre 32 naciones. El ranking de los más transparentes lo encabezan Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Bahamas; y lo cierran Honduras, Nicaragua, Haití, y Venezuela, dice el informe de la ONG Transparencia Internacional.
A nivel mundial, el IPC lo lideran Nueva Zelanda y Dinamarca con 87 puntos, seguido por Finlandia con 86 puntos. Por el contrario, los países percibidos como más corruptos son Siria con 13 puntos, Sudán del Sur 12 puntos, Somalía 9 puntos.
En el IPC del 2015, el úlimo año de la presidencia de Cristina Kirchner, la Argentina no mostró escasos avances respecto del 2014 manteniéndose en la posición 107 del ranking sobre 168 países evaluados.
Este es un índice de percepción porque la corrupción, al igual que el narcotráfico, no se puede medir en la medida que son maniobras ocultas y solo muy pocos casos llegan a los tribunales. El IPC se realiza en base a encuestas a empresarios y académicos, entre otros indicadores y es muy serio, al tal punto que el Banco Mundial, el FMI y la banca privada lo usan como referencia a la hora de, por ejemplo, dar un crédito a un país.
La presidenta de Transparencia Internacional, la argentina Delia Ferreira Rubio, dijo a Clarín que “la mejora que se registra en el puntaje de Argentina se vincula, principalmente a lo que se percibió como una decidida acción de la Justicia para poner fin a la impunidad en los casos de corrupción”.
“La causa de los Cuadernos y las declaraciones de los arrepentidos trascendieron las fronteras y mostraron una decidida acción de la Justicia no sólo respecto a los funcionarios públicos sino también a los empresarios involucrados en los casos de corrupción. Habrá que ver cuál es el resultado final de esa y otras causas de corrupción”, agregó la especialista que se encuentra participando de la cumbre de Davos. La causa de los cuadernos la investigan el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
Por su parte, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo a este diario que “si bien los sectores consultados ven algunos avances en los últimos años, Argentina sigue teniendo grandes deudas en materia de lucha contra la corrupción. Internamente entendemos que no se han transformado las instituciones que deben prevenir y combatir la corrupción, como la Oficina Anticorrupción que gobierno tras gobierno es un apéndice del ejecutivo”. Tampoco “se modifican leyes claves como las de compras y contrataciones o la de ética pública. El otro tema clave pendiente es la transformación del Poder Judicial, acomodaticio a los vientos políticos, y la institucion que elije y sanciona a los jueces que necesita reformas urgentes”, agregó Secchi.
A su vez, Laura Alonso -quien dirigió la Oficina Anticorrupción entre el 2015 y el 2019- opinó que “la mejora se debe a que los encuestados percibieron positivamente las mejoras judiciales y administrativas del gobierno de Macri como la transparencia en las obras públicas y los avances en las causas contra la corrupción fueron un hecho inédito en la historia argentina”. “El destape de grandes casos de corrupción, como la causa de los cuadernos de las coimas, también incidió pero si este trabajo no se mantiene con el actual gobierno volveremos a caer en este índice internacional”, agregó Alonso.
El IPC califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción). Más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones menores a 50, con una puntuación media de solo 43. En comparación con 2012, solo 22 países mejoraron significativamente su puntuación, ente ellos Estonia, Grecia y Guyana.
Del total de países, 22 empeoraron significativamente en este mismo periodo, entre ellos Australia, Canadá y Nicaragua.
La investigación de Transparencia Internacional demuestra que varias de las economías más avanzadas no pueden darse por satisfechas si quieren mantener su impulso anticorrupción. Cuatro países del Grupo de los 7 (G7) redujeron sus puntuaciones en relación con el año pasado: Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Alemania y Japón no experimentaron ninguna mejora, mientras que Italia aumentó un punto.
Al hacer un balance global, Ferreira Rubio advirtió que “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.
Para Ferreira Rubio el análisis demuestra que los países que tienen un buen desempeño en el IPC también «cumplen con la regulación sobre la financiación de campañas electorales y cuentan con procesos de consulta muy participativos».
Los países donde hay regulaciones más exhaustivas para la financiación de las campañas y, además, se cumplen de manera sistemática, tienen una puntuación media de 70 en el IPC, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente, dice el informe. 60% de los países que mejoraron significativamente sus puntuaciones en el IPC desde 2012 también fortalecieron sus regulaciones sobre las donaciones a las campañas políticas.
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