Fuertes resistencia de los jueces y fiscales a la reforma jubilatoria del Gobierno

La luz amarilla se encendió en diciembre, cuando el Congreso volteó la ley de movilidad jubilatoria impulsada por Mauricio Macri en 2017 y abrió la puerta al ajuste que una semana atrás se concretó en el anuncio de que casi tres millones de jubilados cobrarán menos o mucho menos de lo que preveía aquella ley.En ese momento, el malhumor social llevó los ojos a los “regímenes jubilatorios especiales”, que quedarían afuera de la guadaña. Científicos, docentes, diplomáticos y jueces eran algunos de los colectivos excluidos. Pero sólo los dos últimos quedaron bajo la lupa por los altos nivenes de sus remuneraciones.

En los tribunales, la luz roja se activó esta semana, cuando el gobierno confirmó que volteará esas “jubilaciones de privilegio”. De inmediato, representantes de los magistrados y fiscales multiplicaron reuniones con legisladores, y buscaron canales de diálogo con el gobierno. No los encontraron. O sí, pero con una respuesta amarga: “el Presidente quiere sacar esta reforma cuanto antes”.

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El lunes, 150 jueces y fiscales se reunieron en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, convocados por su presidente Marcelo Gallo Tagle. Fue un encuentro de alto voltaje: estaban los tres Consejeros de la Magistratura en representación de los Jueces –Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, y Dra. Susana Pernas, en representación de la Asociación de Fiscales y Funcionarios. Había consenso de todas las listas que integran las dos asociaciones.

Allí “se declaró a la Mesa Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en sesión permanente ante la emergencia, y se informó sobre las gestiones que se habían iniciado con distintas instancias del gobierno, “y que se encuentran aún sin respuesta”.

También se decidió hacer lobby en el Congreso, para “poder ilustrar acerca de los presupuestos jurídica y constitucionalmente erróneos sobre los cuales se estaría fundando el proyecto, al igual que respecto de las gravosas consecuencias que podrían seguirse de su sanción sin las imprescindibles adecuaciones y precisiones” Ayer, tras otro duro comunicado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina salió a encuadrar el reclamo: “conocemos la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país”,pero “expresaamos nuestra profunda preocupación, dado que precisamente los operadores de este régimen no hemos sido convocados ni escuchados con antelación”.

“Esperamos poder tomar adecuada intervención, ya que en el marco de un estado democrático de derecho es a través de la participación de la mayor cantidad de involucrados la que garantiza soluciones justas y la vigencia de los valores de paz y solidaridad a los que aspiramos”, finaliza el texto, con una delgada cobertura de miel para adornar el descontento.

La Federación Latinoaericana de Magistrados, que representa a los jueces y juezas de 17 países de Latinoamérica, expresó su “profunda preocupación” por el proyecto, y recordó “que el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial como elemento consustancial del Estado de Derecho y de defensa de Derechos Humanos.”

Con la firma de su presidente, Walter Barone, la Federación advierte que el proyecto oficial “se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, respecto a la “intangibilidad de la remuneración de los jueces”, y que esa garantía de independencia “se proyecta sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían percibir para evitar discriminaciones ilegítimas”.

Uno de los puntos de la reforma que más enoja a los jueces es el cambio del cálculo para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, y ya no del 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado. w