La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe exhaustivo sobre los incendios forestales que asolaron la provincia de Córdoba en septiembre de 2024, destacando que estos representan una seria crisis ambiental y social. El informe revela un panorama desolador, con vastas áreas de monte nativo destruidas, evacuaciones masivas y significativas pérdidas económicas y de biodiversidad.
Según el documento, «el impacto en la población ha sido significativo, con evacuaciones, destrucción de propiedades y la pérdida de animales y áreas de alto valor ecológico». Aunque las autoridades han respondido al desastre, la Defensoría subraya que la magnitud de los incendios demanda una movilización de recursos mayor y medidas preventivas a largo plazo.
Áreas más Afectadas y Hectáreas Destruidas
Entre las zonas más afectadas se encuentran Chancaní, San Marcos Sierras, Capilla del Monte y La Granja, que juntas suman miles de hectáreas devastadas por el fuego. El informe estima que más de 43,000 hectáreas fueron arrasadas solo en septiembre, con un total de 69,000 hectáreas quemadas en 2024. Estas cifras agravan la situación de los ecosistemas locales, muchos de los cuales han quedado gravemente fragmentados.
Impacto en la Población y el Medio Ambiente
El informe también detalla los efectos directos sobre la población, como las evacuaciones preventivas, pérdidas materiales y el deterioro de la calidad del aire, lo que ha provocado un aumento de enfermedades respiratorias. Además, el suministro de agua potable ha sido afectado por la contaminación de ríos y arroyos con cenizas, en una provincia que ya enfrenta vulnerabilidades hídricas.
En cuanto a la biodiversidad, los incendios han causado la muerte de numerosos animales y la destrucción de hábitats críticos. Esto, junto con la erosión del suelo y el riesgo de desertificación, plantea un grave desafío para la recuperación ecológica de la región.
Respuesta Estatal y Desafíos Futuristas
La respuesta del Estado ha incluido el despliegue de bomberos, brigadistas y medios aéreos, tanto a nivel provincial como nacional. Sin embargo, la Defensoría destaca la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas entidades y de implementar políticas más robustas de prevención.
Entre las propuestas de la Defensoría, se incluyen el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la creación de programas de apoyo económico para las comunidades afectadas y la implementación de planes de reforestación en las áreas destruidas.
Además, se señala la urgencia de endurecer las sanciones contra los responsables de incendios intencionales y considerar estos delitos como penales. También se destaca la necesidad de prohibir el cambio de uso del suelo en áreas de monte nativo afectadas por el fuego, para evitar posibles especulaciones inmobiliarias o productivas.
Conclusión
El informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación deja en claro que los incendios forestales en Córdoba no solo representan una emergencia ambiental inmediata, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de una gestión más eficiente de los recursos naturales. Ante la amenaza constante de nuevos incendios, es imperativo implementar soluciones duraderas que protejan tanto a las comunidades locales como al entorno natural.