Impacto en el mercado de trabajo  | Temas de debate…

Producción: Florencia Barragan

Efectos de la pandemia

Por Luis Beccaria* y Roxana Maurizio**

No resulta novedoso que las crisis económicas impactan más fuertemente sobre la población vulnerable, con consecuencias negativas sobre la desigualdad y la pobreza. Pero a los tradicionales mecanismos de propagación de las caídas en el nivel de actividad sobre el mercado de trabajo, el aislamiento social obligatorio imprime características novedosas que agudizan aún más el panorama: un shock de oferta que inmediatamente dejó a un porcentaje elevado de los trabajadores sin empleo y sin ingresos, o con pérdida parcial de los mismos.

El contexto laboral previo no ayuda: 9 por ciento de desempleo, una estructura ocupacional en la cual sólo la mitad son asalariados formales mientras que la otra mitad se distribuye en partes similares entre asalariados informales y trabajadores independientes. De este último conjunto, alrededor del 80 por ciento son cuenta propia no profesionales (de oficio). A su vez, las remuneraciones reales promedio habían venido deteriorándose: sólo las formales, se contrajeron en 6 por ciento en 2019, luego de la caída de 5 por ciento en 2018. El salario promedio de fines de 2019 era el más bajo en los últimos 10 años. Aproximadamente la mitad de los trabajadores independientes o autónomos obtiene un ingreso laboral por debajo de la línea de pobreza individual.

Si analizamos el impacto directo e inmediato del aislamiento obligatorio observamos que las actividades económicas consideradas esenciales y que quedaron exceptuadas concentran sólo alrededor de un tercio del empleo privado. Estos trabajadores, con aquellos que puedan desarrollar sus tareas desde sus hogares, serían los menos afectados por el parate productivo. En el otro extremo, los cuentapropistas y asalariados informales de los sectores no exceptuados difícilmente generen algún ingreso. Una situación intermedia corresponde a los asalariados formales de estos últimos sectores; la posibilidad de pérdida de empleo entre ellos es relativamente menor pero enfrentarán probablemente reducciones de sus remuneraciones.

El panorama resulta aún más complejo si se tiene en cuenta que los trabajadores en actividades no exceptuadas perciben ingresos laborales muy reducidos, por debajo de la media. En particular, los asalariados informales en PyMES y los cuentapropistas no profesionales constituyen el 75 por ciento de los ocupados que tienen el 20 por ciento de ingresos más bajos.

Estimaciones preliminares dan cuenta de que alrededor del 40 por ciento del total de los ocupados enfrenta algún riesgo de pérdida de empleo, elevándose al 50 por ciento dentro del empleo privado. A su vez, ello resulta 10 puntos porcentuales más alto en las mujeres en comparación a los hombres. También es de 40 por ciento la proporción de los hogares con al menos un ocupado con riesgo de perder su puesto de trabajo; entre ellos, algo menos que las dos terceras partes tienen a todos sus miembros ocupados bajo riesgo de perder empleo.

A fin de contar con un panorama del impacto “de primera vuelta” de la cuarentena sobre los ingresos planteamos dos escenarios. El primero supone la pérdida total de ingresos laborales en el segmento de trabajadores por cuenta propia no profesionales. Ello implica una pérdida de alrededor del 50 por ciento de los ingresos totales en las familias afectadas por este shock, dejando a alrededor del 71 por ciento de ellas en condición de pobreza (antes del impacto, este porcentaje ya era del 40 por ciento). En el segundo escenario suponemos, adicionalmente, una reducción del 30 por ciento de las remuneraciones para el resto de los ocupados en actividades no exceptuadas ni desarrolladas desde el hogar. Alrededor de la mitad de los hogares estaría afectado, elevando en 16 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza al interior de este grupo. Estos ejercicios solo pretenden dar una dimensión de la magnitud del impacto de la pandemia.

Frente a este panorama tan complejo, desde el gobierno se adoptaron medidas tendientes a proteger a los trabajadores. El Ingreso Familiar de Emergencia aparece como el de mayor alcance, por el monto de la transferencia y por la cantidad de perceptores. Estimaciones preliminares dan cuenta que el beneficio cubriría aproximadamente el 50/60 por ciento de la pérdida promedio de ingresos familiares de quienes lo reciban. Sin embargo, cabe esperar que estos impactos iniciales se propaguen debido a la contracción del nivel de actividad de algunos de los sectores exceptuados y de la persistencia de las medidas sanitarias adoptadas. Las proyecciones de caída del PIB para este año en un país con más de un tercio de su población que ya se encontraba en situación de pobreza dan una dimensión del impacto social y distributivo esperable. Por lo tanto, la magnitud del esfuerzo fiscal para aliviar estos efectos no sólo exige continuar con medidas que lleguen a la población más necesitada sino fuertes consensos para su rápida aplicación.

*Universidad Nacional de General Sarmiento

**Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA-CONICET.

IFE como seguro de desempleo

Por Sergio Rottenschweiler ***

Más allá de los efectos sobre la salud y la vida de las personas, la pandemia del coronavirus está teniendo consecuencias económicas sobre la población. En efecto, existe una fuerte tensión entre los objetivos sanitarios y los económicos en la medida en que el aislamiento obligatorio provoca que una gran cantidad de empresas y de trabajadores no puedan llevar adelante sus actividades, o lo hagan de forma marginal, con el consecuente impacto sobre sus ingresos. En este punto es donde la seguridad social puede tener un rol fundamental en atenuar la pérdida de recursos de los hogares, en especial de aquellos con baja capacidad de ahorro.

Un instrumento típico para suavizar la capacidad de consumo de las personas frente a la pérdida de su trabajo es el seguro de desempleo, que funciona administrado por el Estado bajo una lógica contributiva según la cual el individuo recibe una prestación monetaria durante el tiempo que permanezca sin empleo. El funcionamiento de este instrumento se vio claramente en Estados Unidos, donde la solicitud de nuevos seguros de desempleo bate récords históricos. Algo similar sucede en otros países desarrollados, como Canadá por ejemplo, aunque el Estado también ha debido intervenir vía transferencias directas a las empresas para sostener los puestos de trabajo.

En la Argentina, si bien el seguro de desempleo existe como institución desde 1991, dicho instrumento tiene poco desarrollo. Ello se explica fundamentalmente porque es un mecanismo de protección que sólo cubre a los trabajadores formales cuando pierden su empleo, pero no a los informales, además de que la prestación monetaria es particularmente baja. Justamente, el seguro de desempleo en países con elevada informalidad tiene una cobertura muy baja en contraste con los países más desarrollados. Este instrumento requiere un importante espacio fiscal para su financiamiento, algo de lo que adolecen la gran parte de los países en desarrollo.

La baja cobertura del seguro de desempleo es uno de los motivos por los cuales el Estado ha debido crear el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con el objetivo de dar un alivio a los hogares vulnerables sin ingresos y al cual accedieron casi 8 millones de personas. En este sentido, se puede pensar al IFE como una especie de “seguro” de desempleo para los trabajadores informales y cuentapropistas de bajos ingresos. En este punto es donde se nota una de las principales justificaciones para la intervención del Estado en la seguridad social: puede hacer frente a eventos que no estaban contemplados ni esperados por nadie, y sin necesidad de requerir aportes previos. Además, el impacto económico asociado al coronavirus se puede pensar como un shock sistémico en la medida que prácticamente todo el mundo está registrando pérdidas de ingresos. Vale la pena marcar estos puntos cuando se lo compara contra un seguro de naturaleza privado que sólo llega a personas cubiertas bajo las condiciones establecidas por la póliza frente a riesgos idiosincráticos, como los típicos seguros de autos, por ejemplo. Estos seguros funcionan siempre y cuando todos los autos no choquen al mismo tiempo, porque si eso pasara, las empresas quebrarían y nadie podría cobrar nada. Es por esto por lo que cuando enfrentamos un shock masivo como el actual, es el Estado el que asume el rol de “asegurador de última instancia”.

Uno de los aspectos destacables del IFE es cómo esta medida recibió un apoyo de parte de la mayoría del espectro político y social. Esto implica discutir, a futuro y cuando la pandemia haya pasado, la necesidad de crear un espacio fiscal para la implementación de un seguro de desempleo más amplio y que escape de la lógica contributiva. Procesos similares ya se desarrollaron en otras esferas de la seguridad social, con la creación de la Asignación Universal por Hijo, las moratorias y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, por lo que es un tema que vale la pena incorporar en futuras discusiones de política pública.

***Economista del equipo de Seguridad Social del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.