Jubilaciones en debate con el paquete completo | El…

El nuevo aumento para los jubilados
previsto para junio reabrió el debate acerca de la constitucionalidad de las subas por decreto, la futura ley de movilidad y el poder adquisitivo de los adultos mayores. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, aseguró que promoverá la inconstitucionalidad del incremento del 6,12 por ciento que anunció el Gobierno. Afirmó que algunos pasivos perdieron 10 puntos entre las dos subas de 2020 con respecto a lo que les hubiese correspondido con la fórmula de movilidad que promovió el macrismo. En diciembre pasado, el Congreso aprobó la ley de solidaridad social, que suspendió aquella ley. En ese momento, Semino recurrió a la justicia con un amparo colectivo, rechazado en primera y en segunda instancia, y procederá a realizar una presentación ante la Corte Suprema.

En tanto, abogados consultados por PáginaI12 consideran que en el corto plazo la justicia no procederá a declarar inconstitucionales los aumentos. “Para declarar la inconstitucionalidad de la movilidad de junio, primero se debe declarar la inconstitucionalidad de la ley de solidaridad de diciembre, que permitió que esa sea la forma de establecer la movilidad”, aseguró Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en derecho de la seguridad social. “El planteo de que se afecta el derecho de progresividad de los derechos sociales es algo sobre lo que la Corte no se expidió, pero no cabe duda de que fue mucho más la afectación respecto de la regresividad que causó la reforma de 2017, que lo que se ha realizado en estos 6 meses, en los que los jubilados y pensionados recibieron ingresos indirectos a través de los medicamentos del Pami
y del congelamiento en los servicios públicos”, agregó el abogado.

La fórmula de movilidad aprobada en diciembre de 2017 planteaba que las jubilaciones aumentaran en forma trimestral basadas en la inflación ocurrida seis meses atrás del aumento. Con inflación récord en 2018 y 2019, los aumentos corrían de atrás. Las jubilaciones perdieron 14 puntos frente a la inflación entre 2017 y 2019. Si se hubiera mantenido esta fórmula, el aumento a todos los jubilados hubiera sido de 11,56 por ciento en marzo y 10,9 por ciento en junio, correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2019. Con los aumentos por decreto y los tres bonos por 13 mil pesos, las jubilaciones más bajas aumentaron por encima de lo que les hubiese correspondido con la fórmula suspendida, lo que representa a más de la mitad de los jubilados.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó en una entrevista radial: “Estamos privilegiando los haberes mínimos, es lo que dijimos en la ley de solidaridad”. Informó que el 82 por ciento de las jubilaciones aumentarán por encima de la inflación del primer semestre y el 90 por ciento empatarán. Son más de 6 millones de personas. Sobre los motivos de por qué un 10 por ciento perderá con la inflación, aseguró: “Tenemos que establecer incrementos que sean sustentables, porque estamos hablando de más del 50 por ciento de los gastos del estado nacional. Las finanzas estatales están sometidas a un estrés. También hicimos esfuerzos en los gastos para que los remedios sean gratis y mantener las tarifas. Hay que mirar el paquete completo. Pese a la crisis con la que veníamos y a la pandemia, conseguimos que las jubilaciones se incrementen en términos reales”.

Pese a esta suba, no recuperán lo perdido en los últimos años. “No vamos a poder recuperar en 6 meses lo que se perdió en 4 años”, afirmó el ministro de Trabajo, quien se encuentra en la comisión que se encargará de establecer cómo será la nueva ley de movilidad jubilatoria. Este lunes, en la conformación de la comisión, Moroni planteó que podrían prorrogarse los 180 días de plazo de suspensión de la actual ley, por lo que podrían seguir los aumentos por decreto. El Gobierno tiene la idea de retomar la fórmula establecida por Amado Boudou, basada en la evolución de salarios y la recaudación. “Hoy es difícil establecer una fórmula, porque las variables están alteradas con la caída de la recaudación y los salarios”, dijo el diputado oficialista Marcelo Casaretto, quien preside la comisión de Previsión y Seguridad Social.

Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y finanzas públicas, explicó a este diario que “las variables que se podrían utilizar para una nueva ley de movilidad están afectadas por la pandemia y la cuarentena, y no servirían como parámetros objetivos, por lo que se necesita cierta discrecionalidad”. En cuanto a la movilidad basada en inflación, aseguró: “También el índice de precios está distorsionado por la pandemia porque hay locales que no pueden relevarse, y habría un problema fiscal importante”. Como desventaja de darse una continuidad en aumentos por decreto dijo que las subas “implican pérdidas con respecto a la ley anterior, y eso podría derivar en un aumento de los juicios al Estado”.

El abogado previsionalista Federico Bobrovsky aseguró que ya comenzaron las consultas sobre posibles juicios, aunque no lo recomienda para el corto plazo. “El dictado de las subas por decreto se da en el marco de una declaración de emergencia, y ahora en un contexto de pandemia, no creo que un juez diga que las subas son inconstitucionales, al margen de que están los tribunales cerrados”, afirmó. Pero anticipó: “Achatar la pirámide mucho tiempo genera problemas a futuro, porque después se puede producir un nuevo Badaro”.