Kicillof buscó distender el clima político con intendentes opositores

Axel Kicillof y los intendentes de la oposición lograron avanzar en la necesidad de distender el clima político en la Provincia para debatir en la Legislatura, la próxima semana, una reforma de la Ley Fiscal.

El aparente clima de distensión se completó, por cuerda separada, con la confirmación de tres sesiones el miércoles en el parlamento. Habrá tratamiento en general y particular del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. “Con algún retoque menor”, según el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El encuentro fue en la Gobernación. Falta resolver cómo se baja el techo del 75% en la suba del Impuesto Inmobiliario, y otros ítems del proyecto. Entre ellos, el incremento del 133% en Ingresos Brutos para medicamentos, variaciones en la alícuotas de actividades profesionales, y eliminación del artículo N° 104 que habilita a la Provincia a percibir el 20% de la recaudación de Patentes que cobran los municipios para modelos 2009.

Kicillof, en compañía de Federico Otermín, presidente de la Cámara baja, remitió la discusión a los respectivos bloques legislativos. Se limitó a una exposición sobre el estado económico y financiero de Buenos Aires. Abrió el curso de algunas demandas y de allí surgieron los pedidos de obras públicas en curso o para empezar. ¿Con quién hablamos de ese tema?, requirieron los jefes comunales de Juntos por el Cambio. “El ministerio de Gobierno”, derivó el gobernador. Ponderó a su ministra Teresa García. Será la intermediaria con los municipios en esos temas.

¿Por qué resultan gravitantes los intendentes en el debate de la ley impositiva?. Constituyen el poder territorial partidario. Representan 61 comunas. Articulan directamente con los legisladores de cada distrito. En carácter de opositores defienden cuestiones puntuales como la baja del 75% previsto para el Inmobiliario Rural, pero también tienen necesidad de financiar los municipios. Juntos por el Cambio ya obtuvo 2.000 millones de pesos del Fondo de Infraestructura para las comunas. Hay montos del sistema educativo que también tiene previsión para las municipalidades. Y obras atadas a los recursos propios de la Provincia. Es decir, impuestos.

En la porfía tendría que haber concesiones de ambos lados. Si Kicillof insiste con el proyecto original, en los trazos más importantes, no hay ley. Si JpC permanece en la intransigencia tampoco porque tiene mayoría en el Senado. Pero, en ese caso, se retrasaría la plata fresca del Frente de Infraestructura Municipal (FIM) que el gobernador les pidió que tramitaran con Teresa García.

Hasta el miércoles favorece el clima logrado en el encuentro de este jueves, en La Plata. Según Jorge Macri (Vicente López), una de las referencias de la comitiva opositora, tienen “la voluntad de trabajar en conjunto y vamos a dar quórum en la medida en que haya una ley en la que podamos trabajar en conjunto”. Hizo algo más. En respuesta al requerimiento por qué la ex gobernadora María Eugenia Vidal estaba de vacaciones en plena discusión de la norma, explicó que “ya no era funcionaria, el estado no le paga sueldo y tenía libertad absoluta” para su descanso en París.

A la salida, los alcaldes Miguel Fernández (Trenque Lauquén) y Gustavo Posse (San Isidro),  plantearon la búsqueda de “acuerdos necesarios”. Un giro discursivo que bien conoce el radical Fernández, presidente del Foro de Intendentes de la UCR.

La convocatoria a la sesión es un hecho. Al mediodía Diputados convocará a Extraordinarias. Un rato después tratará la iniciativa. Descartan la aprobación porque el oficialismo forma quórum y tiene mayoría. Luego despacharán la media sanción al Senado que, en el mejor de los pronósticos, hará retoques (si la rechaza se cae) y vuelta a Diputados para convertirla en ley.

Es una cuestión controversial. El espíritu de la ley, de acuerdo con los fundamentos, es progresiva. Kicillof dice que el aumento del 75% en el Inmobiliario afecta a “los más ricos”. Se aplicaría en el Rural, en caso de verificar fortunas, para las 200 partidas que tienen más de 2.000 hectáreas y 3.000.000 millones de pesos de valor fiscal en las propiedades. Argumentan las entidades agropecuarias que, además, esos productores tiene un gravamen del gobierno nacional por retenciones (3% promedio). Dobles y triples imposiciones si cuentan las tasas municipales.

En cambio, en la propuesta de Kicillof, está determinada una suba del Inmobiliario Urbano del 55% en aquellos inmuebles cuya valuación fiscal correspondiente al año 2019, sea superior a pesos 498.021pesos y hasta 680.877 pesos, inclusive. Con otra franja inmediata superior (a excepción de grandes propiedades), donde se aplica el 75%, conforman 2.600.000 contribuyentes. “Pura clase media”, según los presidentes de los bloques JpC, Roberto Costa (Senado) y Maxi Abad (Diputados. “¿Quién no tiene una casa valuada fiscalmente en 500.000 pesos”, insisten.

No lo mencionan, pero Vidal realizó un revalúo inmobiliario en 2017. Y en 2018 también aplicó tope del 75%. Claro, aducen, sin tanto ruido.

A propósito, esta vez, una publicación de Clarín reveló la intención del Poder Ejecutivo de retocar la valuación fiscal en el Inmobiliario. Se trata de un ajuste de 1,2 para el Urbano y de 1,3 para el Rural. Esa suba repercutirá sobre Bienes Personales, un tributo nacional, tanto como en algún servicio de La Provincia, como ABSA que toma esa referencia valuatoria para fijar tarifa. De paso, también en la tasa municipal.

No fue tema de la reunión en La Plata. Quedaron para una próxima en febrero. Kicillof abrió la agenda temática. Incorporó salud y Educación.

“Se presentaron pedidos puntuales de algunas municipalidades con problemas financieros apremiantes y hubo pedidos generales. De todos tomamos nota para darles soluciones”, dijo Bianco en rueda de prensa.

Nada de pedido de cargos para la oposición. Antes de este embrollo político, JpC y la propia Vidal habían demandado la “ocupación” de los mismos espacios en los organismo de la Constitución, en el directorio del Banco Provincia y empresas estatales que el macrismo había cedido hasta 2019 al peronismo. Hay otros andariveles informales para esa tramitación. Por las dudas, a resguardo, el diputado Axel Campbell, vicepresidente del bloque partidario en Diputados, declaró este jueves que “no existe ningún negociación que condicione nuestra defensa de los bonaerenses”.

Los intendentes procuraron la formalidad, antes que el declaracionismo. En el SUM de la Gobernación fueron coincidentes en señalar algún “tono ideológico” detrás de la discusión.

Demasiada toxicidad política, cuando en verdad se trata del bolsillo de los contribuyentes.