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El default de la deuda argentina fue provocado por el gobierno de Mauricio Macri. No tener claro esa instancia o no precisar que el inmenso stock de bonos en dólares es impagable por el más fabuloso ciclo de endeudamiento 2016-2019, por intensidad y velocidad, hace más compleja la comprensión del actual momento económico.
Algunos lo hacen por ignorancia y otros por ingenuidad, pero muchos por complicidad política con el macrismo y por intereses económicos convergentes con los acreedores. En ese contexto de confusión deliberada, el gobierno de Alberto Fernández comienza un mes clave en el proceso de renegociación de la deuda.
Si además se minimiza o directamente se ignora la corresponsabilidad de los grandes fondos de inversión y del Fondo Monetario Internacional en la debacle de la deuda argentina, se pierde la oportunidad de dejar en evidencia el desastre en términos de perspectivas económicas que derivó el breve pero destructivo período neoliberal de la alianza macrismo-radicalismo.
Sin exponer con firmeza los conceptos de que el default es de Macri, que la deuda es impagable, que una breve pero fulminante experiencia neoliberal hundió otra vez a la economía y que los grandes acreedores tienen una elevada cuota de responsabilidad, resulta difícil entender la complejidad y gravedad de la situación.
La voz del acreedor
Más aún cuando la voz del acreedor es la dominante en la mayoría de los analistas, economistas de la city y medios de comunicación.
No es un escenario que sorprenda, puesto que durante los años del conflicto con los fondos buitre esa logia de difusión interviniendo en el espacio público fue el más fiel y firme aliado del grupo de acreedores más agresivo contra Argentina.
Hoy esa coalición se ha rearmado rápidamente apuntando hacia el gobierno de Alberto Fernández como si éste tuviera algo que ver con las finanzas ruinosas dejadas por Macri.
La impunidad del poder y del dinero habilita a que los pirómanos puedan tener autoridad para cuestionar a los bomberos que tratan de controlar, primero, e intentan apagar, después, el incendio.
La liga
¿Cómo se construye esa liga y cuáles son los intereses que confluyen para sostenerla?
Los de los grandes fondos de inversión son los más sencillos de identificar. Compraron bonos en cantidad seducidos por una muy elevada tasa de interés, en algunas operaciones oscuras coordinadas por Luis Caputo, un miembro de su propia escudería con cargos clave en el gabinete de Macri. Ahora esos fondos quieren preservar e incrementar el saldo del capital para cubrirse ante sus clientes.
Las pérdidas más fuertes, en realidad, las padecieron durante la gestión Macri, con quebrantos que superaron el 50 por ciento. La hoja de balance de las carteras de inversión de esos administradores de fortunas que incluyen bonos argentinos ya tiene anotada esa pérdida.
Los clientes de esos fondos deberían saber que quienes manejaron en forma pésima sus ahorros fueron los financistas a los cuales les confiaron parte de su capital. Si lo hicieron por simpatía con Macri, por negocios turbios con Caputo o por una evaluación económica-financiera deficiente resulta poco importante a esta altura. Registraron una pérdida y los responsables son los denominados «portfolios managers».
Esos financistas pretenden ahora que la administración Fernández se haga cargo de sus malas decisiones financieras con una reestructuración liviana, y hasta con un pago inicial de 10 mil millones de dólares aportados por el FMI. Opción que ha sido alentada por el activo lobby acreedor pero que fue, con criterio prudencial, rápidamente descartada por el gobierno.
Default
El poderío que tienen esos inmensos fondos de inversión es innegable, pero la consolidación del escenario del default de Macri, instancia que quiere evitar Alberto Fernández, hoy es mucho más costoso para ellos que para la economía argentina. Esta ya lo está padeciendo desde hace meses, si bien no en toda su intensidad en caso de consolidarse.
La economía no tiene acceso al crédito internacional, la inversión del exterior es escasa y las variables macroeconómicas siguen en un estado de extrema fragilidad. El default de Macri sumergió a la economía en una prolongada recesión de la que es difícil salir sin recursos ni crédito. Dejó exhaustas las cuentas públicas y el margen de expansión fiscal es reducido.
Existe una realidad que no debería ser ignorada: la deuda macrista -incluida la del FMI- será una muy pesada carga por un largo tiempo, incluso después de reestructurada.
La eventual renegociación no cerrará esta etapa crítica. Sería ingenuo pensar que no irrumpirán buitres o movidas de acreedores en tribunales de Nueva York, motivados por el antecedente del gobierno de Macri que pagó todo y más. Además la presencia del FMI en la economía argentina, siendo además uno de los principales acreedores externos, continuará siendo un potente factor perturbador.
Establishment
Existen también intereses políticos del establishment local que confluyen con los de los acreedores. El canal de expresión que tiene es los medios de comunicación con mayor capacidad de penetración en el mercado.
Esas grandes empresas de medios que comercializan contenidos como uno de sus negocios principales son parte activa del poder económico. Este va siendo moldeado y condicionado con sus diarios posicionamientos político y económicos y actúa a la vez como vocero calificado del conjunto.
Esas firmas mediáticas, como sus principales accionistas, y la mayoría de las compañías líderes han destinado una parte de sus excedentes financieros a comprar títulos públicos. En los balances de cada una de ellas están registradas tenencias de bonos.
El derrumbe de las cotizaciones de los papeles de deuda les representó una pérdida financiera, y la próxima reestructuración también les significará, dependiendo de cómo se defina, una mayor o una menor carga negativa en el renglón financiero de sus respectivos ejercicios económicos.
Se despliega entonces una coincidencia objetiva entre miembros del establishment local y los grandes fondos acreedores en relación a cuestiones financieras. Pero también irrumpe la cuestión política, ideológica y de negocios que exacerba la presión al gobierno en alianza con financistas internacionales.
Es una disputa económica pero es, fundamentalmente, una disputa de poder, o sea de quién es el que tiene más capacidad para definir cómo son las condiciones de la negociación.
Complicidad
La oposición política firme y persecución abierta al kirchnerismo en estos últimos años se extienden al gobierno de Alberto Fernández, lo que permite que la voz del acreedor se amplifique en la mayoría de los medios hasta niveles insólitos en el territorio del deudor.
Durante el conflicto con los fondos buitre fue un posicionamiento predominantemente político, cuyo objetivo fue debilitar al gobierno de CFK. En esta oportunidad también irrumpe una cuestión política de condicionar al gobierno Fernández-Fernández, pero en esa estrategia no es un factor menor el hecho de que posean bonos en sus carteras de inversión.
El ocultamiento en su amplia red de difusión de la responsabilidad de la gestión macrista en alimentar un obsceno endeudamiento no sólo es complicidad con el anterior equipo de endeudadores, cuyos miembros siguen siendo presentados como expertos en finanzas, sino que es una forma de autoprotección porque actuaron como promotores de una política económica ruinosa.
No se van a inculpar de haber sido uno de los principales soportes de una política devastadora para el bienestar general. Para eludir esa responsabilidad cargan sobre el accionar de Alberto Fernández o sobre lo que dicen que piensa hacer CFK para encarar la reestructuración de la deuda.
Se dedican a construir sentido con que la actual situación económica crítica tiene que ver con lo que hace o deja de hacer Fernández sin mencionar que lo que hace o dejar de hacer está muy condicionada por la pesada herencia de la deuda macrista.
Combo
Tener la capacidad de identificar el combo entre la defensa de intereses financieros propios y la obsesión política con el peronismo y/o populismo facilita la comprensión acerca de los motivos de la decisión de construir una cobertura periodística privilegiando la posición de los acreedores.
En otro escalón pero en esa misma dinámica aparecen los intereses de analistas, periodistas y economistas de la city. La voz del acreedor tiene esos altoparlantes bien dispuestos.
No se trata solo de evaluarlos en términos políticos o señalar que tienen la tendencia a apoyar causas antinacionales, lo que en décadas pasadas se los denominaba cipayos. Muchos de ellos sólo tienen intereses mezquinos porque compraron bonos argentinos y todavía los mantienen en sus cuentas.
Cuando escriben informes para sus clientes o artículos en medios de comunicación aportando tanto énfasis con la posición del acreedor es porque ellos mismos son acreedores y, por lo tanto, especulan con que por esas vías pueden cuidar el capital invertido.
Sustentabilidad externa
Como se mencionó, la reestructuración de la deuda que se concrete en los próximos meses no implicará una solución definitiva a ese frágil frente de la economía.
Con recorte de capital, extensión de los plazos y período de gracia en el pago de intereses se ganará tiempo para rescatar la economía de la recesión macrista, pero la deuda igual seguirá siendo un potente condicionante. Además no se debería descartar probables buitres que se lanzarán sobre la deuda argentina.
Como ha señalado en varias ocasiones Claudio Scaletta en este diario, «el éxito» del macrismo fue limitar la autonomía de la política económica con la deuda y con el regreso del FMI, con un crédito de monto extraordinario, en la economía nacional.
El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis distribuyó un muy interesante documento en el cual presenta un análisis de «sustentabilidad» de la deuda, planteando diferentes escenarios.
El aspecto distintivo es que, además de hacer la evaluación tradicional referida a la exigencia fiscal –la que realiza el FMI y los acreedores- para garantizar el pago futuro de la deuda, presenta la «sustentabilidad» desde el punto de vista de las cuentas externas. O sea, de la disponibilidad de dólares para pagar la deuda que, en última instancia, es la cuestión relevante: se tienen o no se tienen los dólares para hacer frente a los vencimientos de capital e intereses.
El reporte estima que la deuda en moneda extranjera suma 250 mil millones de dólares, de los cuales los compromisos en títulos públicos y con organismos internacionales totalizan 180 mil millones, a una tasa promedio ponderada de 5,2 por ciento anual. Esto implica que los intereses a pagar suman 9500 millones de dólares por año.
Calcula que, con el actual tipo de cambio real, el superávit comercial cambiario de este año sumaría 20 mil millones de dólares con un déficit de servicios de unos 4500 millones. El giro de utilidades al exterior y la compra de dólares, dentro del presente esquema de control de cambios, implicarían un saldo negativo de 3600 millones de dólares. Sin un flujo importante de inversión extranjera directa y con renovación de los vencimientos de capital de la deuda, el resultado neto sería una acumulación de reservas internacionales de unos 13 mil millones de dólares.
Con pagos de intereses de la deuda de 9500 millones de dólares, el saldo de esas reservas incrementadas (apenas 3500 millones) deja poco margen para una recuperación de la actividad económica y/o flexibilización del régimen de administración de divisas.
Quita
El stock de deuda que dejó el macrismo es impagable porque la economía no genera los dólares suficientes para hacerle frente. El análisis tradicional se concentra en la magnitud del superávit fiscal, el excedente en pesos para comprar los dólares para cubrir, fundamentalmente, intereses, asumiendo que el capital se refinancia.
Cuando se analiza la disponibilidad de divisas del sector público aparece con más nitidez que además de la «sustentabilidad clásica» (fiscal), el aspecto relevante es conseguir la «sustentabilidad del sector externo» (cantidad de dólares). Para obtenerla se necesita hacer una quita sobre el stock de deuda y/o un recorte del cupón de intereses.
Álvarez Agis presenta un ejercicio teórico con una quita del 15 por ciento en ambos conceptos, dando como resultado que el monto de intereses a pagar sumaría 6300 millones de dólares. Este cálculo dejaría un saldo de reservas de 6700 millones, recordando el escenario arriba detallado (acumulación de 13 mil millones antes del pago de intereses). No parece ser suficiente para empujar un ciclo de crecimiento sostenido con inclusión social.
Plantea otro escenario con una negociación más audaz, con una quita de capital e intereses del 50 por ciento, para que el desembolso de intereses fuese de sólo 2300 millones de dólares por año. Es un esquema que brinda más posibilidades para rescatar en forma vigorosa a la economía de una prolongada recesión.
Con esos dos escenarios extremos, Álvarez Agis presenta las siguientes conclusiones:
1. De no reducirse la carga de intereses, no hay margen para que la economía crezca. Lo mismo vale para flexibilizaciones del esquema de control de cambios y el impuesto PAIS.
2. El acuerdo y el posterior programa macroeconómico (posiblemente, de la mano del FMI) deberá permitir retomar el acceso al mercado internacional de capitales. De no ser así, sería imposible financiar los vencimientos de capital una vez pasado el período de gracia y los años de reperfilamiento.
3. Adoptando una visión de mediano plazo, es necesario desarrollar nuevas fuentes de ingreso de divisas. De lo contrario, la restricción externa solo será “reperfilada”.
La magnitud de la quita (capital e intereses) definirá entonces cuál será el sendero económico de los próximos años. Es tan relevante este dato que resulta absurdo el reclamo sobre cuál es el plan económico de Fernández (proyecciones de las principales variables).
Sin saber si se podrá salir del default de Macri o cómo se logrará superarlo, o sea cómo quedará el cuadro de la deuda con quita, no tiene sentido plantear cuál será el horizonte económico inmediato.
En esta instancia, casi consumida la luna de miel de los 100 días del nuevo gobierno, la negociación de la deuda se presenta como la madre de todas las batallas económicas. Recién cuando se conozca su resultado, el gobierno de Alberto Fernández podrá desarrollar plenamente su estrategia económica que le brinde la «sustentabilidad» política y social.
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