La Corte devolverá a los jueces a sus cargos, pero la restitución sería provisoria

Con más voluntad que vocación, en los últimos días algunos contactos personales fueron retomados entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que este martes volverán a reunirse a través de la pantalla de la aplicación zoom y podrían firmar la sentencia que selle el destino de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, desplazados por el kirchnerismo. Las diferencias jurídicas no están saldadas -mucho menos las personales- pero Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti llegaron a estación en común para restituir a los tres magistrados, pero de modo provisorio: según las puntadas finales que estarían ultimando este lunes, sus respectivos cargos deberán ser cubiertos a través de un nuevo concurso, en el que ellos tres podrían participar. La jueza Elena Highton sumaría su firma.

La discusión está casi terminada y, si no llegara a concluir el martes, el humo blanco se verá en el transcurso de esta semana. Mientras, a los jueces corridos se les venció la licencia que les habían otorgado para esperar la sentencia sin tener las valijas en la mano.

La Corte debe decidir si los tres jueces que el gobierno sacó de sus puestos en la Cámara Federal porteña y el Tribunal Oral Federal 7 habían sido correctamente trasladados a esos sitios durante la gestión macrista. El Tribunal ya había avalado los cambios en 2018, cuando el ministro de Justicia Germán Garavano lo consultó puntualmente respecto al caso Bruglia: tanto él como su colega Bertuzzi habían aceptado su traslado desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal.

Aquella respuesta fue firmada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, sobre quienes ahora se posa la lupa: ¿ratificarán su voto, o lo reinterpretarán con algún matiz que termine cambiando el resultado final? Esta segunda opción es la que finalmente se habría impuesto.

Aunque sus oferentes ya no insistan más con llamarla «solución intermedia» -pues de hecho no puede haberla en esta oportunidad- el camino de cornisa que intentarían transitar se desliza sobre la idea de una «confirmación transitoria» de los jueces: de inmediato serían devueltos a sus cargos, pero esa permanencia quedará sujeta a la designación definitiva de los titulares en esos lugares, luego de un concurso de antecedentes y el proceso burocrático que se lleva a cabo en el Consejo de la Magistratura.

Nada de eso estaba manifestado en la Acordada 7 de 2018 que confirmó a Bruglia y a los casos como el suyo -es más, el punto VIII de esa resolución sólo mencionaba otras condiciones bajo las cuales se exigiría un nuevo concurso- pero los ministros hab rían encontrado una ventana para escapar de la conclusión inequívoca de su propio texto.

Esa búsqueda tenía razones jurídicas -atendibles- pero sobre todo políticas, que son las que pesan. Para empezar, en la Corte temen que ratificar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli desate un festival de nuevos traslados de jueces por parte del gobierno, que podría encararlos sobre la tinta fresca del fallo. A su vez, afinan el lápiz para enunciar la necesidad de nuevos concursos, de modo tal que los tres jueces cuyo desplazamiento finalmente sería avalado puedan participar de ellos. Sería una bofetada a la debilitada credibilidad del máximo tribunal que el gobierno acelere el trámite ampliando concursos que ya están en trámite para cubrir más vacantes, y despache las designaciones de los nuevos jueces en un puñado de semanas.

Esto sería posible porque el oficialismo controla la mayoría en el Consejo de la Magistratura, luego de una reforma impulsada por la senadora Cristina Kirchner en 2006 y declarada inconstitucional por la justicia en 2015. Desde entonces, sólo falta la última opinión para mantener o anular la actual integración del Consejo. Esa opinión es la de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, cuya demora en una cuestión institucional tan relevante también abolla su prestigio.

Maqueda fue el ministro más activo en la exploración de una respuesta que satisfaga al gobierno, aunque choque de frente con su voto hace sólo dos años. Lorenzetti y Rosatti, duramente enemistados entre sí, se habrían dispuesto a escribir la letra fina de una posición resolutiva en común que permita conformar una mayoría. La doctora Highton podría sumarse a ella, aunque en 2018 votó junto a Carlos Rosenkrantz que todos los traslados están permitidos, incluso aquellos de jueces de distintos fueros. El titular de la Corte mantiene aquella opinión, que reflejará en su voto.

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