La fiscalidad ante la pandemia del coronavirus

La pandemia del COVID-19 ha puesto en cuestión en todo el mundo el paradigma económico dominante del último cuarto de siglo. Reaparece con fuerza la importancia del gasto público como un valor sustantivo para la sociedad. Es el caso de los relativos a la salud pública y a la ciencia y tecnología, entre otros.

El macrismo ha sostenido el paradigma antiestatista, neoliberal y monetarista, desarticulando un sinnúmero de políticas públicas. Por ello el combate al coronavirus ha exigido un inmediato incremento del gasto público, en gran parte para recuperar capacidad perdida. La rápida respuesta del gobierno actual fue posible por la visión no ortodoxa de la política fiscal.

Las medidas anunciadas en las últimas semanas representan un aumento del gasto en un valor aproximado de 281.400 millones de pesos, lo que representa un 1,13 por ciento del PBI. Existe, por un lado, un aumento del gasto (bonos para AUH, planes sociales y jubilaciones, Ingreso Familiar Extraordinario) destinado a que las personas accedan a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos.

Aunque el stock de alimentos existentes, y la capacidad productiva, sean suficientes en términos físicos, es necesario mejorar el aspecto distributivo. El gasto público debe ampliarse para generar capacidad adquisitiva en sectores informales de bajos ingresos. La regulación estatal debe generar las condiciones para que la distribución de los bienes no dependa solamente del mercado.

En el sector productivo de bienes que no son considerados esenciales, la demanda se ha desplomado por la caída de los ingresos y el aislamiento. Allí no es imprescindible garantizar su producción aunque sí su capacidad productiva. La postergación (y reducción) de las contribuciones patronales apunta en esta dirección. La ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), las asignaciones complementarias salariales para las PyMES y las facilidades crediticias para pago de salarios (bastante mezquinas por parte de los bancos privados), apuntan a dos objetivos: sostener la capacidad productiva y asegurar ingresos para el consumo de los hogares del sector formal. El aumento de la obra pública es también un mecanismo destinado a sostener la actividad económica, a través de los efectos multiplicadores del gasto.

Aún en estas circunstancias los apologistas de la ortodoxia siguen alertando sobre las calamidades del déficit fiscal y la eventual emisión monetaria que podría sostenerlo. La necesidad de satisfacer el consumo básico de los argentinos no les interesa. Confunden la economía con los negocios. Cuando hablan de “descuidar la economía” se refieren exclusivamente al sostenimiento de mecanismos de mercado que han consolidado la concentración de la renta y los ingresos.

Hay otro plano en materia fiscal en el que por ahora no se ha avanzado: los impuestos. La historia mundial indica (y la Argentina tiene su antecedente a fines de la década de 1940 con el impuesto a las ganancias eventuales) que frente a crisis muy profundas hay que pensar en impuestos “extraordinarios”. Se puede hacer de muchas formas: con un impuesto a la riqueza con tasas más altas (del orden del 5 al 10 por ciento) para el 5 por ciento más rico de la población o con un impuesto a las ganancias extraordinarias, pero sin dudas, ese es un frente en que se debe avanzar rápidamente.

A esta altura quedan dos cosas claras: no va a ser el mercado el protagonista que nos haga salir de esta situación crítica y en materia tributaria se debe gravar a la fracción más concentrada del ingreso y la riqueza.

(*)
Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.