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“La hidrovía debe ser gobernada por las provincias que en verdad tienen y usan la hidrovía”, aseguró el presidente Alberto Fernández el 11 de diciembre en el acto de asunción del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. En la actualidad, la red fluvial depende del gobierno nacional y el dragado y balizamiento del río Paraná lo lleva adelante la empresa Hidrovía S.A., consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, que tiene contrato hasta 2021. El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había comenzado el año pasado a elaborar los pliegos para la próxima licitación. A raíz de ello, el presidente de la asociación de defensa de usuarios y consumidores Procurar, Enrique Millán, le envió en julio una carta donde reclamó la rescisión del contrato con Hidrovía S.A. y su exclusión de futuras licitaciones por haber estado supuestamente involucrada en el pago de coimas. Dietrich descartó el pedido, pero ahora que Fernández prometió que el control pasará a las provincias Millán les envió cartas a los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco reiterando el pedido, ya que el concesionario actual dejó trascender que volvería a presentarse.
El 21 de febrero de 1995 el gobierno de Carlos Menem le adjudicó a Hidrovía S.A., a través del decreto 253/95, las tareas de dragado y balizamiento del Río Paraná en una polémica licitación. El contrato original era por 10 años, pero siete años antes de su finalización se lo extendió a 18 años, pese a que el pliego original indicaba que la concesión sólo podía renovarse al término del mismo.
Luego de la crisis que provocó la salida de la convertibilidad, comenzó una renegociación de contratos con las empresas de servicios públicas, reglamentada por el decreto 311/2003, tarea que se le encomendó a la entonces flamante Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Como parte de esa negociación, el 19 de junio de 2007 UNIREN le remitió a Hidrovía una propuesta de carta de entendimiento conteniendo los puntos de consenso alcanzados. La carta de entendimiento fue sometida a audiencia pública y finalmente el 21 de abril de 2009 se firmó un nuevo contrato, ratificado por el decreto 113 de enero de 2010.
La concesión, ya ampliada una vez, vencía en 2013, pero de este modo se la extendió por ocho años más y también se amplió en 654 kilómetros el área en la que operaba la compañía. La empresa, por su parte, se comprometió a invertir 37,5 millones de dólares por año, durante tres años, para extender río arriba los servicios que por entonces cubrían desde Santa Fe hasta el Río de la Plata. El objetivo era que las obras de señalización y dragado lleguen hasta Confluencia (kilómetro 1238 del Paraná superior), lo que permitiría su mejor aprovechamiento por los productores del Norte.
La renegociación del contrato con Hidrovía no recibió mayores objeciones. Sin embargo, en 2018 el empresario Benjamín Gabriel Romero, presidente de la firma Emepa, se declaró arrepentido luego de ser involucrado en el pago de coimas en la causa de los cuadernos. “El día antes de que se firme el decreto 113/2010 que aprobaba la renegociación del plazo de Hidrovía que fue publicado el 21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó telefónicamente con (Rodolfo) Poblete y le dijo que si no entregábamos dinero no salía firmado el decreto”, declaró Romero el 14 de agosto ante el fiscal Carlos Stornelli. “Nos pidió 600 mil dólares y se los dimos en dos partes”, agregó luego. En esa declaración también reconoció que le daba dinero a Ricardo Jaime, cuando este era secretario de Transporte.
Como consecuencia de esa declaración, Enrique Millán, el presidente de Procurar, le mandó la carta a Dietrich el año pasado solicitando que se rescindiera el contrato y se le impidiera a Hidrovía volver a presentarse en la próxima licitación. “Es claro en el caso, que las “coimas” anuales que el concesionario confesó haber entregado, así como aquellas sumas dadas para posibilitar prórrogas o ampliaciones de la concesión (v.g. el Decreto), necesariamente se traducen en menores obras, mayores tarifas, mayores subsidios o una combinación de todos ellos”, sostuvo Millán. Cerca de Dietrich, se limitaron a responder entonces que no tomarían ninguna medida contra Hidrovía. “No hay sentencia judicial ni instrucción de la Justicia para tomar la decisión de rescindir o revocar el contrato (…) Como Poder Ejecutivo, somos respetuosos de la decisión judicial”, se limitaron a responder a la revista Noticias.
Las declaraciones de Alberto Fernández anticipando que delegará el control de la hidrovía a las provincias limítrofes reavivó el tema y Procurar le envío en los últimos días cartas a los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, que deberán decidir sobre el contrato cuando se efectivice el traspaso. En esa comunicación les advierte sobre la situación de Hidrovía S.A. y solicita que se excluya a la firma, y a las sociedades que la controlan, de las futuras licitaciones públicas.
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