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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió a la Legislatura una actualización de la ley impositiva, trámite que se realiza todos los años en la provincia. Algunos medios de comunicación, junto con el bloque de senadores de Juntos por el Cambio, iniciaron una campaña de tergiversación y mentiras, entre otras cosas, tildándola de “impuestazo”. Para poder encuadrar esta situación veamos qué pasa en los municipios del conurbano donde gobierna Juntos por el Cambio. Tomemos por ejemplo el caso de Tres de Febrero, dirigido por el intendente Diego Valenzuela.
El 13 de diciembre pasado se discutió en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero la propuesta de actualización impositiva enviada por Valenzuela. La tasa de servicios generales, que alcanza a todos los vecinos y se calcula en base a la valuación fiscal de los inmuebles, tuvo un aumento aparente del 45 por ciento, pero que es mucho mayor cuando se incorporan los adicionales por servicios específicos (seguridad, sostenimiento del deporte y salud).
Un vecino que en el año 2019 pagaba 300 pesos mensuales por esta tasa y sus complementos pasará a pagar 498,75 pesos, es decir un incremento del 66,25 por ciento. Quién pagaba 500 pesos por mes tendrá un aumento del 57,75 por ciento. El que pagaba 1000 pesos mensuales abonará en 2020 un 51,37 por ciento más. Y, por último, un contribuyente que pagaba 1500 pesos mensuales tendrá un aumento del 49,25 por ciento.
La media de incremento en Tres de Febrero se encuentra por encima del valor de la inflación anual, algo que no sucede en el caso de la propuesta del gobierno provincial. Además, el incremento en el municipio dirigido por el intendente cambiemita es “mayor para los que menos tienen” (las propiedades de menor valor fiscal) y “menor para los que más poseen” (propiedades de mayor valuación fiscal). Situaciones similares a la de Tres de Febrero pueden verificarse en otros municipios gobernados por el macrismo, como Lanús y La Plata.
En cambio, la propuesta del gobierno provincial no supera, en promedio, el valor de la inflación de 2019, sino que además, claramente dispone que paguen más los titulares de las propiedades de mayor valor y bastante menos los propietarios de menor capacidad contributiva. Tanto en el inmobiliario urbano como rural los porcentajes varían entre el 15 y el 75 por ciento siendo este último porcentaje (en el tramo rural) aplicado a propietarios de más de 2.000 hectáreas. A valor de mercado, eso representa un patrimonio de 20 millones de dólares, y esa superficie es de un tamaño similar a la suma de los barrios porteños de Palermo y Almagro.
La senadora provincial Daniela Reich, de Tres de Febrero y esposa de Valenzuela, al igual que el resto de sus colegas de bancada, en una profunda muestra de hipocresía (e incluso perversidad) encuentra que la propuesta provincial es un “impuestazo” y no da quórum para su tratamiento. Ella, al mismo tiempo, festeja el aumento, mucho mayor, logrado por su marido y que golpea más a los propietarios menos pudientes.
Lamentablemente legisladores provenientes de un partido que supo ser popular, como lo fue el radicalismo, aprueban y acompañan este tipo de políticas. Frente a esto, seguramente Hipólito Irigoyen, Arturo Ilia y Raúl Alfonsín no podrán descansar en paz, como todos los argentinos desearíamos.
(*) Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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