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La Inspección General de Justicia derogó “en su totalidad” una norma del gobierno de Mauricio Macri que neutralizaba los controles a las sociedades offshore. A través de la Resolución General 2/20, el organismo indicó que durante ese período «numerosas sociedades offshore se habrían inscripto” para operar en el sistema legal y advirtió que, si ello se corrobora, se «habilitará la adopción de las medidas pertinentes».
La medida publicada en el Boletín Oficial fue firmada por el titular de ese organismo, Ricardo Nissen, quien dio de baja la Resolución 6/2018 porque esta normativa suprimió «todo tratamiento por la IGJ (Inspección General de Justicia) de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero”.
Macri tenía, según indica la nueva disposición, «la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público» de la Ley General de Sociedades.
A la vez, la IGJ estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero «deberán constituir y mantener vigente una garantía» para operar.
La resolución de Nissen explica que las modificaciones introducidas a la legislación durante la anterior gestión pretendieron “suplantar ese régimen por otro primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial».
Al respecto ejemplifica la operatoria de la empresa Vicentín, jaqueada tras una maniobra con el Banco Nación. «En nuestro medio hechos recientes como las triangulaciones negociales que se habrían producido con sociedades offshore en la operatoria del Grupo Vicentin según los acontecimientos parecerían ir indicándolo”.
Además incluye otro ejemplo: “La revelación de que el tristemente notorio boliche Le Brique resulta ser también de una sociedad off shore cuyos integrantes son desconocidos, no se deben banalizar sino ser recordatorio de la frecuente peligrosidad de estas figuras legales.»
La disposición del titular de la Inspección General de Justicia sostiene también que la resolución sancionada por el macrismo hace dos años carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder» y «torna inoperante al régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina».
En el mismo tono, advirete que «las sociedades offshore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito de del evidencia y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes».
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