La intervención «light» de Vicentin para evitar que…

El juez del concurso en la convocatoria de acreedores de Vicentin SAIC, Fabian Lorenzini, dispuso este jueves la intervención de la firma cerealera, al responsabilizar a la Dirección de la firma de «la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas  por este Juzgado». Sin embargo, no resuelve la separación del actual Directorio, sino que los mantiene disponiendo que los interventores actuarán «en carácter de co-administradores» de la firma. Nombra, para ello, como interventor a uno de sus actuales veedores, Andrés Shocrón, que accedió a ese rol en julio del año actual con el respalo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en representación de una parte de los acreedores. La silla de subinterventor quedará reservada para quien designe el Poder Ejecutivo santafesino, quedando provisoriamente en manos de María Victoria Stratta, directora general de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. 

El espíritu de colaboración con las actuales autoridades de la empresa es lo que marca la distancia en el carácter de esta intervención y la que dispuso, en su momento, el gobierno nacional o la que propuso, posteriormente, el gobierno de Omar Perotti, en ambos casos incluyendo el desplazamiento de la dirección empresaria en ejercicio. El magistrado volvió a rechazar, en su fallo de este jueves, tales pretensiones y alentó una intervención que cumpliría más un rol de vigilancia y acompañamiento al concurso. Para otros observadores cercanos, el juez Lorenzini intentá además «autopreservarse», dadas sus aspiraciones a ser nombrado camarista, y la necesidad de evitar un proceso que, como venía y dado los acontecimientos más recientes, parecía condenar a la cerealera a su definitivo vaciamiento.

En sus fundamentos, el juez Lorenzini no hace referencias las muchas irregularidades que fueron emergiendo a lo largo de los diez meses desde que se abrió el concurso, salvo la mención de «las inconsistencias» de la demora en la presentación del balance a octubre de 2019, y el «ocultamiento de las razones que motivaron la ruptura contractual con KPMG», anterior auditora externa de los registros contables de la empresa. 

Tampoco alude a las múltiples denuncias y evidencias de actos de vaciamiento o de defraudación a acreedores, a la banca pública y al fisco. Aunque sí señala la relación irregular con firmas vinculadas, con contratos que podrían resultar ruinosos para Vicentin (con Renova) o los créditos con otras firmas jamás reclamados (Algodonera Avellaneda). En otro párrafo, alude a la relación entre un grupo de accionistas y la firma estadounidense Maxim Group, que muchos sospechan que fue una contratación para buscar un inversor del exterior que se quedara con la empresa. El juez simplemente señala que no se pudo dejar en claro el objetivo del acuerdo.

Pero la omisión más relevante es que Lorenzini haya eludido comentar el hecho de que las operaciones «a fazón» que el grupo Olio y Olaginosa Moreno (Glencore) realizan utilizando la capacidad instalada de Vicentin, para exportar a través de sus puertos, está bajo sospecha de ser una pantalla que encubre que la concursada sigue operando en comercio exterior a través de las mismas, sin rendir cuentas de sus resultados a los acreedores más que por el cobro de un poco significativo alquiler de la planta. No sólo que no lo expone, sino que se estima que este nuevo escándalo podría ser el principal motivador para que Lorenzini disponga esta particular intervención, poniendo en el freezer el concurso por varios meses. 

A qué juega el juez

Una calificada fuente, cercana a Vicentin y conocedora de todo el proceso concursal incluso desde antes de que tomara estado público, se preguntaba ayer «hasta cuándo podía seguir protegiendo a la conducción de Vicentin, disimulando o haciendo que no ve sus manejos fraudulentos. Eso tendría un límite, en algun momento tendría que dar una señal en otro sentido. Bueno, creo que acá la dio. Pero sólo fue eso, una señal para cubrirse, no es una medida para tomar el control del proceso y salvaguardar los activos de la empresa. Si tuviera voluntad de hacerlo, hubiera avanzado sobre el grupo de sociedades, y no lo hace. Lo menciona, lo sugiere, pero no avanza». 

«Como en una olla a presión, antes que todo le explote en las manos, abrió un poco la válvula y dejó salir algo de vapor», graficó la misma fuente.

El experimentado analista de expedientes enumeró, entre los elementos del actual contexto, «los avances en la causa de la fiscalía de delitos económicos de Rosario por balance falso, estafa y desbaratamiento a los derechos acordados y la inhibición sobre la composición accionaria de todas las sociedades del grupo. La fiscalia y el juez de Rosario se animaron a hacer lo que Lorenzini debió haber hecho y no hizo». 

Señaló además «la suspensión, momentánea, del Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial a Díaz & Forti, alter ego de Vicentin, la suspensión para operar en el mercado de cambios, las evidencias que van agregando los veedores, los informes del Banco Nación de Gaggero y García Zanotti, los pedios de ineficacia de la operación de venta de Friar, la simulación de la operación de Renova. Son todos elementos que le quitan a Lorenzini margen para seguir fingiendo desconocimiento. A las verdades evidentes, en este fallo él le baja el precio y las pinta como indicios de que algo no anda del todo bien, y requiere más tiempo e investigación».