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La orden está firmada. Desde este jueves operará el lanzamiento judicial de las personas que ocupan el predio por un total de 100 hectáreas en Guernica.
La Cámara Penal, el juez Martín Miguel Rizzo y el fiscal Juan Cruz Condomí agotaron la instancia procesal para el desalojo e instalaron esa obligación legal que ahora debe hacer cumplir la Policía de la Provincia.
«¿Será efectiva la medida?», preguntó Clarín a representantes de las tres instancias de la Justicia. Hubo coincidencia: es de cumplimiento estricto. Adhirieron en la Gobernación. Si las autoridades intervinientes y la fuerza de seguridad no acatan estarían cometiendo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hasta ahí la letra. Luego, aparece la subsidiariedad en esta toma. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, sostiene que 560 familias ya aceptaron retirarse voluntariamente.
“Quedan otras 250 o 300 que permanecen y con las cuales seguimos hablando”, afirma el funcionario bonaerense. El universo de personas que intrusan los terrenos, de esta manera, estaría reducido de los 1900 grupos familiares que marcó un censo deficitario a menos de 1.000.
El ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, apunta a las organizaciones sociales dentro del predio de Guernica.
¿Cuál es el obstáculo para el desalojo?
Además de la compleja negociación con las varias centenas de “ocupas”, que incluye entrega de subsidios, «el problema es la “pinza”, como resumen los colaboradores de Larroque. La referencia es a la doble rebeldía organizada que mantiene las organizaciones políticas metidas en los predios, por un lado, y varios grupos violentos (“armados”) que responden a ciertas mafias que ocupan y venden terrenos.
La tarde de este miércoles, el ministro Larroque aportará detalle del seguimiento socio-ambiental de cada familia. Las clasifica en grupos. Están aquellos que tienen condiciones de hacinamiento en lotes donde conviven con padres, abuelos, tíos. Una multitud de necesidades. Son parejas jóvenes, de entre 18 y 30 años. Con varios hijos.
Para ellos habrá ayuda de hasta 50.000 pesos para ampliar habitaciones en esas mismas casas. Es la mayoría. Hay medio centenar de gente en condición de calle. Algunos, los menos, fueron trasladados por unos días a albergues. Y hasta están registrados 96 casos de mujeres que buscaron refugio en la toma por cuestiones de violencia de género.
Las familias de Guernica junto a agrupaciones políticas en una protesta contra la orden de desalojo. Foto Z Nievas
El porcentaje más alto (más de 500 censados) tiene domicilio en Guernica, partido de Presidente Perón. La intendenta de ese municipio, Blanca Cantero, explicó a éste diario que “las condiciones para la evacuación no violenta están dadas. El desalojo es inminente”, de acuerdo con su apreciación de los hechos.
Una franja de ocupantes mencionó en la encuesta que venían de pagar alquiler y que, por la pandemia, que provocó caída del empleo, no pudieron sostener esa situación. Recibirían un aporte de 15.000 pesos por tres meses extensivo a otros tres.
La metodología de una toma de tierras
Como en otras tomas, queda una comprobación: primero se establece una logística previa a la ocupación de terrenos fiscales o privados. Alguien aporta la información. Después estimulan al primer contingente “exploratorio”. Se establecen. Amplían la llegada de familias. Aparece la red de contención de organizaciones sociales, incluido el aporte de abogados para el accionar judicial.
En simultáneo, también accionan las patotas que llegan a desplazar a los originarios tomadores de tierras para poder vender ilegalmente las parcelas. La permanencia en el lugar es parcial. Se arman las casuchas con palos, nylon y chapa. Quedan guardias. A la noche, muchas de las familias no pernoctan allí.
Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia, dice que espera la orden firme de desalojo para movilizar efectivos al predio.
La política y las organizaciones sociales
En estos días apareció un imponderable, para completar el difícil panorama. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que no tenía “ni cuatro cuatriciclos” para meterse en el campo intrusado en procura del desalojo, llegada la orden. Ni micro para eventuales traslados de detenidos.
En Guernica no hay imputados de delito. Sólo dos personas fueron detenidas y podrían ser procesadas porque vendían terrenos por Facebook a precios entre 50.000 y 80.000 pesos.
Fue casi en simultáneo con la expresión del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, sobre la ilicitud del acto de usurpación de un bien inmueble. Consideró que el delito se establece sólo cuando hay sentencia. Entre otras cuestiones, agravia la potestad de la fuerza pública para actuar en flagrancia.
Los dichos de Cafiero, y antes de Berni, revisten una ambigüedad preocupante para este tipo de delitos. Si, en ambos casos, el Estado no puede actuar o está limitado de hacerlo, el mensaje es por el libre albedrío. Es, al menos, una conclusión académica. Compartida, incluso, por algún sector del mismo gobierno del Frente de Todos, entre ellos el del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Protesta social frente a la municipalidad de Guernica por orden desalojo en las tierras tomadas. Foto Maxi Failla.
Larroque prefiere una mirada para afuera. Apunta al Polo Obrero, Libres del Sur, el FOL, MTD, FOL, como instigadores a la rebeldía. El alerta es por las dudas, este jueves, se dificulte el lanzamiento. Por eso, la orden determina el cumplimiento en un período largo hasta el 30 de octubre.
Queda otro detalle: en el episodio Guernica hay “trasladados” desde municipios vecinos de Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza. Según los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, serán reubicados en sus distritos con mejora habitacional vía subsidio u otro tipo de solución como entrega de materiales de construcción.
El plan del Gobierno bonaerense
Los demás es compromiso a largo plazo. Prevén 3.000 lotes en Guernica para planes de viviendas. Con esto, el gobernador Axel Kicillof, intenta frenar la oleada de tomas en el Conurbano y grandes conglomerados de ciudades de Provincia. El anuncio fue por 33.000 millones de pesos para programas en muchos de los 135 distritos bonaerenses. Hay un Plan Quinquenal en desarrollo embrionario. Lo anunciará Kicillof en marzo 2021, cuando despunte el proceso electoral para las parlamentarias y deba informar en la Asamblea Legislativa.
Marzo aparece lejano. En lo inmediato, el mismo Berni aporta realismo: “Hasta que no me diga el juez esto es sí o sí desalojo y no hay marcha atrás, no voy a mover un sólo policía de la Provincia”.
Ya hubo dos prórrogas a la misma orden.
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