La Mesa de Enlace ya comienza a crujir | Diferencia…

La decisión oficial de elevar las retenciones a la soja de 30 a 33 por ciento y combinar ese anuncio con compensaciones para pequeños productores y baja de derechos de exportación a otros cultivos, comenzó a agudizar las diferencias al interior de la Mesa de Enlace. El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, aseguró este miércoles que las entidades agropecuarias «no evalúan medidas de fuerza». Jorge Solmi, otro referente de Federación Agraria en la Provincia de Buenos Aires, destacó que se avance con la segmentación, mientras que el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, había asegurado el martes luego de la reunión que se apuesta a “sortear el conflicto de manera pacífica”. La postura de estas dos entidades contrasta con la posición expresada públicamente por referentes de Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas que vienen presionando con una medida de fuerza.

Achetoni remarcó que la reunión con el gobierno «fue en buenos términos, pero no estamos conformes con la manera que se está segmentando». No obstante, subrayó que «no se evalúa que haya medidas de fuerza». «Siempre está la posibilidad de renegociar, esa es la voluntad que vimos en el Gobierno», sostuvo. También comentó que en los próximos días la entidad hará «una ronda de consultas con nuestras bases para hacer una revisión de esta medida oficial». «Creo que esto no está cerrado», completó.

Iannizzotto, por su parte, dijo que van a consultar con las bases sobre cómo seguir, pero aclaró que «por ahora no hay posibilidad de paro». «Vamos a hablar con nuestras bases a fin de explicar las decisiones que ha tomado el Gobierno con el que nos parece importante el diálogo. La Mesa de Enlace se va a reunir», detalló.

“Cuando se habla del campo, tenemos que hablar de productores, que son los que trabajan. No es lo mismo un productor que posee 2.000 hectáreas que uno que tiene 50 hectáreas», sostuvo Solmi. «Los costos son distintos de acuerdo a cada productor y la tierra que posee», aseveró y reafirmó que «el aumento de las retenciones les hace mucho menos daño a los grandes productores que a nosotros, eso hay que tenerlo en cuenta». Solmi dijo que falta también «una ley de arrendamientos rurales», en declaraciones que realizó tras la presentación en Chacabuco de una filial de la Federación Agraria Argentina.

A diferencia de los planteos más cautelosos de Federación Agraria y Coninagro, la Sociedad Rural de Río Cuarto emitió un comunicado de rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno y se declaró en estado de asamblea permanente con sus bases. El comunicado subido a las redes sociales de la entidad hace hincapié en el “enérgico rechazo al aumento de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación a la soja, elevándolos al 33 por ciento”. La razón esgrimida por la SRRC se sostiene en que se “tornará inviable la producción de este cultivo, en especial en aquellos lugares alejados del puerto”.

Asimismo, expresó que, “si bien el Gobierno Nacional convocó a dos reuniones a la Mesa de Enlace en el lapso de una semana, la ‘decisión política’ de subir los derechos de exportación a la soja ya estaba resuelta de antemano”. En ese sentido, la Sociedad Rural de Río Cuarto señaló que se desoyeron “los planteos de las entidades agropecuarias”. Otra serie de entidades enroladas en Confederaciones Rurales Argentina también manifestaron su malestar y dejaron en claro que habrá protestas, aunque todavía no se definió que modalidad tendrá.

Federación Agraria y Confederaciones Rurales ya venían profundizando sus diferencias en los últimos días. Luego de que el lunes de la semana pasada se cerró el registro de exportación, Confederaciones Rurales emitió un comunicado titulado “una nueva traición”. «Hemos sido convocados a una reunión con el ministro de Agricultura para mañana, con el objetivo de conocer las acciones y decisiones que piensa tomar el Gobierno en materia agropecuaria. Sin embargo, en el día de la fecha han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño», planteó la entidad. Pero la respuesta no llegó del gobierno sino del ex presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien cuestionó el uso del término “traición”. «¿Traición? —se preguntó—, si desde fines de diciembre se sabe que va a llegar al 33 por ciento, en algún momento el Gobierno lo iba a aplicar. El aumento molesta a los productores, pero no debería ser tan sorpresa porque eso ya se sabía. Se habilitó el techo. Un punto de la Ley de Solidaridad dice que se podrían implementar políticas diferenciadas para las distintas economías regionales o productores más chicos. Es parte del aprendizaje de Alberto Fernández», aseguró Buzzi.