«La prohibición de desalojos sigue vigente» | Repor…

La reapertura de la actividad inmobiliaria y la habilitación de las mudanzas en la Ciudad derivó en una completa desinformación sobre los alcances del decreto 320 que publicó el Gobierno a fines de marzo y que se extiende hasta el 30 de septiembre. «El DNU que prohíbe desalojos y congela alquileres está absolutamente vigente», aseguró la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, en diálogo con PáginaI12 sobre los alcances del decreto. El ministerio tiene la misión de garantizar que los que cuentan con una vivienda no la pierdan, siendo que la vacuna del coronavirus es el aislamiento. Además, en un contexto donde crecen las presiones para avanzar con desalojos y mudanzas. La cartera de María Eurgenia Bielsa pasará en los próximos meses a ocupar un rol central en el marco del plan “Argentina Construye”
, que se propone construir 5.500 nuevas viviendas.

-¿Cuáles son los puntos del decreto 320 que más se incumplen?

-Lo que más nos consultan es por las transferencias bancarias para pagar el alquiler, pese que el decreto establece la bancarización. Si no se informa el CBU, el inquilino no tiene que llevar el dinero personalmente, ni pagar un extra. Esto se da sobre todo en los contratos informales. El segundo tema tiene que ver con las amenazas de desalojos, que el decreto prohíbe. No se están produciendo, porque articulamos con organizaciones de inquilinos, defensorías del pueblo y hasta con la subsecretaría de acceso a la Justicia. El decreto está absolutamente en vigencia, y no sólo para vivienda familiar, sino para monotributistas, pymes o cooperativas. Solamente tienen que mudarse aquellos que quieran hacerlo. Si no, los contratos que vencieron desde abril se prorrogan automáticamente, con el mismo valor, a nadie le pueden pedir renovar el contrato y con un nuevo precio.

-¿Por qué cree que no se está cumpliendo el decreto?

-Las crisis sacan las mejores y las peores versiones de cada uno. Así como el decreto pone un paraguas sobre los inquilinos, también protege a los propietarios y los excluye del DNU en los casos donde dependan del canon para completar sus ingresos. Apostamos a la mejor versión de cada uno, que se pongan de acuerdo entre inquilino y propietario. Algunas de las cosas que no se cumplen son inexplicables. Presionar a alguien para desalojarlo en una situación donde se requiere el aislamiento dentro de un lugar es antiético y rompe todos los valores. En cuanto a la falta de CBU, en las crisis se pone en evidencia el alto nivel de informalidad que tiene el país en diferentes rubros. Aun con contratos formalizados, el propietario no quiere declarar el ingreso. Es una muestra de una informalidad que no debemos convalidar.

-¿Hay algún tipo de multa o penalidad para quienes no cumplan con el decreto?

-No somos un órgano de aplicación, por lo que no podemos sancionar. Lo que podemos hacer es mediar. Lo que vamos a hacer en un futuro es crear información de base de buena calidad que hoy no tenemos sobre alquileres. Hay un tema que el decreto no contempló y es el que tiene que ver con el doble alquiler. No se le puede exigir el pago de dos contratos a una persona que iba a mudarse y no pudo hacerlo por la cuarentena. Sólo hay que pagar la unidad en la que vivís, porque hay una situación de fuerza mayor.

-¿Qué puede hacer una persona en los casos donde no se cumple el decreto?

-Se pueden realizar gestiones a través de las defensorías del pueblo de las provincias o en la subsecretaría de acceso a la justicia. Lo que intentamos es evitar la judicialización, porque sino en septiembre no iba a haber una rápida respuesta. Apelamos a los acuerdos, pero si no los hubiera se puede tramitar en la justicia después del 30 de septiembre.

-Hay distritos como la provincia de Buenos Aires donde las mudanzas siguen prohibidas. ¿Qué pasa con las mujeres que sufren violencia de género?

-Están habilitadas a mudarse gracias a un trabajo del Ministerio de la Mujer. 

-¿De qué depende que se habiliten actividades como inmobiliarias u obras en el resto del país?

-Depende de que cada municipio presente los protocolos a la provincia, que luego lo eleva a la Nación. Si el protocolo presentado da las suficientes garantías para que se pueda implementar, se habilita. Hay provincias en las que se pueden ir normalizando actividades como las obras, pero el criterio será que sea progresivo. También vamos a hacer una medición semanal para medir los impactos. El objetivo sigue siendo que lo primero es la salud.

-¿Qué va a pasar con las 11 mil viviendas de Procrear que iban a entregarse en marzo?

-El sorteo se sigue realizando por streaming por lo que la adjudicación de las unidades siguió. Lo que no pudimos es hacer las visitas de las familias a las viviendas para que den su conformidad y que luego se muden. Había un cronograma de entregas de febrero a julio que va a postergarse hasta septiembre.