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Cristina Kirchner no volverá a ser investigada por enriquecimiento ilícito, al menos, en la causa que años atrás investigó el ex juez Norberto Oyarbide y que dio por concluida en pocos meses. Esta semana, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente después de concluir que la investigación no había sido cerrada de forma fraudulenta.
Desde Contadores Forenses, como amicus curiae del caso, señalaron que desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y también otros expertos, los peritos omitieron analizar una cantidad importante de documentación: los que aportó el contador Víctor Manzanares que condice con lo planteado por uno de los peritos que detectó U$S 6,5 millones sin justificar y un conjunto de propiedades sin sustento documental.
Con un patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA) de 9,7 millones de pesos, lejos de los $ 77 millones con los que dejó el poder en diciembre de 2015, la vicepresidenta quedó exenta de cualquier investigación patrimonial, por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti. Todo su patrimonio fue cedido en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner quienes cuentan con embargos e inhibiciones de bienes sobre toda su riqueza.
Al juzgado de Capuchetti habían llegado certificaciones de otras cinco causas donde se denunció el patrimonio de Cristina Kirchner. Entonces, habían señalado que se trataba del mismo dinero “sólo que denunciado en diversas maniobras”. “Se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa ─entre otras cuestiones─ de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado», dijo al argumentar su decisión la magistrada.
Sin embargo, para el ONG Contadores Forenses que eran amicus curiae en la causa, se omitió en la decisión que la pericia en la que se basó Oyarbide “no había contemplado documentación importante, como por ejemplo los plazo fijos que declaraba el matrimonio Kirchner que tenían en el Banco de Santa Cruz. Los certificados de los depósitos en plazo fijo nunca lo vieron, nunca estuvieron a la vista. Aplicaron una planilla de excel, con algunos números y con eso los peritos dieron el ok”, explicó a Clarín.
Sobre este punto, el perito Eduardo Blanco Álvarez, ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, había confeccionado un informe sobre las inconsistencias que detectó, pero nunca se incorporó al expediente que instruyó Oyarbide. Allí dijo que de los 28 millones de pesos que había crecido el patrimonio de los Kirchner entre 2007 y 2008, Blanco identificó que 24,7 millones eran «imposibles de justificar». En diciembre de 2009, con el dólar a $ 3,81, esa cifra ascendía a casi 6,5 millones de dólares. Dijo que la falta de certificados de los plazos fijos «era imposible constatar cómo habían ganado unos 4,2 millones en un año».
Desde Contadores Forenses, señalaron que además los alquileres de las propiedades, “que declararon por millones de pesos y con eso intentaban justificar su incremento patrimonial, con el paso del tiempo quedó comprobado en la causa de Los Sauces y Hotesur que esos alquileres respondían a alquileres pagados por Lazaro Baez o Cristobal Lopez”. También recriminaron la falta de estudio que la jueza realizó sobre un préstamos bancarios «sin documentación respaldatoria por más de $ 8 millones».
El perito Blanco había señalado también, la faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido 14,5 millones de pesos. Esa sospecha coincide con el planteo de Manzanares que dijo que la «pericia fue laxa» porque la documentación de algunos de los actos económicos “no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades a la empresa de Lázaro Báez y a Rudy Ulloa, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples.
Para Capuchetti los dichos del ex contador de los Kirchner fueron «escasos e imprecisos los elementos brindados» y desestimó como prueba válida tales planteos.
Los Kirchner fueron investigados en 2009 porque según sus propias declaraciones juradas de bienes, su patrimonio había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, dinero en efectivo y sociedades por 17,8 millones de pesos a acumular 46 millones.
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