Marcha atrás con Vicentin: el Gobierno apuesta a la responsabilidad penal de los propietarios por una quiebra fraudulenta

El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás definitivamente con los planes para intervenir la cerealera Vicentin, pero para el Gobierno no es un caso terminado. La pelota caliente ahora está definitivamente en manos del juez de Reconquista Fabián Lorenzini.

El jefe de asesores del mandatario, Juan Manuel Olmos, vigilaba desde hacía semanas la estrategia de crear un fideicomiso para habilitar el desembarco del Estado en la empresa, la «propuesta superadora» que empujó el gobernador de Santa Fe Omar Perotti. Esas gestiones fracasaron definitivamente el jueves.

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La familia Nardelli que controla Vicentin se negó a abandonar el directorio, principal requerimiento del Ejecutivo. El magistrado les dio 40 días hábiles más para que presentaran los balances. “Si (el juez) no actúa rápido, la lleva a la quiebra y habrá que determinar si no fue quiebra fraudulenta”, explican en la Casa Rosada.

En el Gobierno explican que sin los balances no hay posibilidad de saber adónde fueron a parar los 795 millones de dólares que había en la cuenta del Banco Nación. “No se puede hacer un plan de salvataje serio”, señalan en sintonía con el hilo de tuits que publicó Fernández el viernes.

Cerca del Presidente hacen responsable al juez Lorenzini de lo que suceda con el gigante cerealero. “Está en manos del juez del concurso y de los que él designó para que se hagan cargo”, dijo a Clarín uno de los colaboradores más cercanos del jefe de Estado.

En la provincia de Santa Fe todavía esperan que el juez se expida sobre su propio pedido de intervención de la empresa, aunque no guardan esperanzas de una reacción positiva luego de que Lorenzini “degradara” al interventor designado por el Gobierno, Gabriel Delgado, a ser un simple veedor. Perotti había elegido a Alejandro Bento, en representación de la provincia.

En el entorno del gobernador santafesino y en el Gobierno razonan que la familia propietaria de la empresa está en una encrucijada. Por un lado, argumentan que si presentaran los balances, tendrían que explicar cuál fue el destino de los onerosos préstamos públicos. “Pero si no los presentan, van en cana”, advierten. Según el artículo 15 de la ley de quiebras, es el propio directorio de la empresa, salvo que el juez disponga lo contrario, el órgano encargado de pagar salarios y aprobar el estado financiero de la firma.

En la misma línea, tanto en Santa Fe como en Olivos, recuerdan que fueron los empresarios los que pidieron en primer lugar la ayuda e intervención del Estado. Varios funcionarios se preguntan si podrán hacer frente a los próximos pagos de sueldos sin ayuda estatal. 

El Presidente señaló en los considerandos del DNU, que firmó este viernes para dar marcha atrás con la intervención estatal, la posibilidad de que el concurso de acreedores derive en una de quiebra fraudulenta. “Cuando la quiebra es fraudulenta, lo que sucede es que se levanta el velo societario y los deudores quebrados responden con su patrimonio personal, no solo con el de la empresa quebrada”, afirmó en Twitter la abogada Graciana Peñafort, responsable de Asuntos Jurídicos del Senado. El Presidente replicó sus opiniones en su cuenta personal. Fuentes oficiales aseguran que el tema fue abordado en el almuerzo que compartieron el lunes pasado el mandatario y Cristina Kirchner en Olivos.  

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En la intimidad presidencial no le temen al tendal de heridos o al costo político que podría dejar una hipotética cesación de pagos de la empresa, si no pudiera hacer frente a los sueldos y a las deudas con cooperativistas. “Esas son preguntas para el juez que no permitió que el Estado interviniera y para los directivos que no aceptaron el fideicomiso de la provincia”, explicó uno de los funcionarios que no se despega del mandatario.

En el Gobierno nadie se atreve a dar por hecha la suerte de Vicentin. El Presidente reconoció semanas atrás que esperaba otra reacción social y política ante la posible estatización de la empresa. “Pensé que todos iban a salir a festejar y me acusaron de cosas horribles”, sostuvo en una entrevista con FM La Patriada hace dos semanas.

Los interlocutores oficiales elegidos por el Presidente para abordar los destinos de la empresa en concurso cambiaron. La senadora Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la vicepresidenta, acompañó al jefe Estado cuando anunció el decreto original para intervenir la empresa, que este viernes fue derogado. Luego, se sumaron el ministro de Agricultura Luis Basterra, Rodrigo Luchinsky, el presidente de la comisión nacional de Defensa de la Competencia, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el fallido interventor Delgado, hasta que finalmente la estrategia recayó en la órbita de Olmos. En Santa Fe no tienen dudas: la expropiación está descartada.

NE