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El proyecto en revisión de la Ley de Economía del Conocimiento obtuvo un nuevo dictamen de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Cuenta con la media sanción del Senado y se tratará en la sesión virtual del miércoles próximo.
Es la segunda vez en el año que la cámara baja tratará la ley: es que el 26 de junio ya había sido aprobada casi por unanimidad en el recinto. Los tres meses que pasaron entre la media sanción y el tratamiento en el senado culminaron en algunas modificaciones al proyecto, que hacen foco en la diferenciación de los beneficios entre las grandes, medianas y pequeñas empresas. «Los cambios introducidos en el senado tienen que ver con lo que a mí me insatisfacía de la ley», expresó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, luego de hacer un resumen de las principales modificaciones propuestas por el senado.
En la reunión de comisión, los diputados discutieron los 17 cambios incorporados en las modificaciones del Senado. Los puntos más controversiales criticados por la oposición tuvieron que ver con la segmentación del beneficio de descuento en el impuesto a las Ganancias, la condición de intransferibilidad de los bonos de crédito fiscal y la eliminación del Consejo Consultivo,
-Descuento en el impuesto a las Ganancias: el texto aprobado en Diputados los fijaba en un 60 por ciento para todos los actores del sector. El senado discriminó las alícuotas en un 60 por ciento para las empresas chicas, 40 por ciento para las medianas y sólo del 20 por ciento para las grandes. Este fue el punto más celebrado por el bloque oficialista, calificado de «justicia redistributiva». Heller lo resumió en el esencial aporte de este ítem para «mejorar la utilización del importante esfuerzo fiscal que va a hacer el país para estimular a la economía del conocimiento, direccionándolo directamente a las empresas que más lo necesitan: las de menor tamaño». Desde la oposición, lo criticaron fuertemente. El diputado Luis Pastori, de la UCR, lo calificó como una «discriminación a grandes empresas» y Javier Campos, de la Coalición Cívica complementó: «parece que la palabra empresa está prohibida en este recinto».
– Crédito fiscal intransferible: el proyecto del senado estableció que el bono de crédito fiscal por la reducción de aportes sobre las cargas sociales será intransferible durante dos años y no se podrá aplicar como crédito en Ganancias, aunque sí para el pago de otros impuestos como el IVA. El original permitía una transferencia por única vez. La defensa del bloque oficialista tiene que ver con «evitar picardías de las empresas con el beneficio estatal». Desde la oposición, esgrimieron que entienden la lógica de la revisión, pero insistían en que «se va a convertir en un obstáculo, inclusive para las empresas chicas».
– Eliminación del Consejo Consultivo: el proyecto del senado eliminó la incorporación del artículo 18 bis del proyecto de diputados que creaba el “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” y le dio potestad a la
autoridad de aplicación a consultar a organismos especializados para constatar el cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios. El Consejo iba a estar integrado, entre otros, por miembros representantes de entidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de asesorar en cuestiones específicas y complejas. Desde la oposición, interpretaron esta eliminación como «dirigismo burocrático», así como también insistieron en que aumentaba la discrecionalidad de la ley al darle mayores responsabilidades a la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Idas y vueltas de la ley
El sector es considerado estratégico desde 2004, cuando el gobierno decretó la Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software por diez años y permitió el desarrollo exponencial del sector en el país. El año pasado fue aprobada la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento que significó una continuidad con respecto a la anterior, a la vez que amplió las actividades promovidas más allá de las meramente dedicadas a las de desarrollo de productos de software. En enero, el gobierno suspendió su aplicación y elaboró el nuevo proyecto con la intención de cambiarle el espíritu a la ley, y realizar una «discriminación positiva» entre pequeñas, medianas y grandes empresas para acceder a los beneficios. La media sanción en diputados fue aprobada el 26 de junio con 246 votos a favor y 2 en contra, luego modificada y aprobada en senadores, para volver a ser tratada en la Cámara baja.
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