Para qué es necesario el aporte de los multimillona…

Esta semana el Senado convirtió en ley el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, y en las redes sociales se recuperó el posteo de Diego Armando Maradona a principios de septiembre: «Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos«.

La ley, que la AFIP estimó inicialmente alcanzaría a 9.298 contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos, permitiría recaudar 307 mil millones de pesos, alrededor de un punto porcentual del PBI. «El volumen de recaudación es importante, porque la Argentina va a terminar cayendo entre 9 y 10 puntos este año; estamos hablando de un nivel de recursos que va a amortiguar en un punto de esa caída, que no es poco. Este proyecto tracciona la velocidad de crecimiento y recuperación del país», explica el diputado Itai Hagman, uno de los creadores de esta ley.

«Esa riqueza, sustraída del circuito productivo, que es la antítesis de la inversión productiva, es, indudablemente, dañina para la economía y para la sustentabilidad de nuestro desarrollo», agrega la diputada Fernanda Vallejos, otra de las colaboradoras en la redacción de la ley.

Lo recaudado significa también una cuarta parte del gasto público convertido en el paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia: ese es uno de los objetivos centrales del aporte; lo dice en el propio título del proyecto («aporte solidario para que los más ricos ayuden a morigerar los efectos de la pandemia»), pero también se expresa sobre todo en el uso específico que se le dará al dinero recaudado: educación, empleo, vivienda, salud e inversión.

«Algunas de las asignaciones están vinculadas a gastos y necesidades producto de la pandemia, otras para la reactivación productiva y recuperación de la actividad económica; y hay un tercer grupo con eje en atender la emergencia social. Se analizó la situación de los sectores que identificamos que necesitan más recursos y tratamos de no centralizar la recaudación en una necesidad, sino repartirla entre la social, la productivay la provocada específicamente por la pandemia», explica Hagman.

Educación

Otro veinte por ciento será destinado al programa integral de becas Progresar, que permitirá reforzar el acompañamiento a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

Uno de los efectos de la pandemia fue que muchos sectores quedaron excluidos del sistema educativo: por factores estrictamente económicos y por las dificultades por la conectividad. De acuerdo a un relevamiento publicado por Cippec, al 15 de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, había 10 millones de estudiantes en el sistema educativo de los cuales el 53 por ciento de los alumnos era pobre, un 5,8 por ciento de los menores de 18 años vivía en hogares hacinados y 56,1 por ciento de los hogares tenia internet fijo.

El informe reveló que la posesión de Internet en la vivienda para los niños de estratos socio económicos más bajos llegaba al 37,5 por ciento de los que asisten a escuelas primarias y 54,5 por ciento en secundario; frente a un 99,5 por ciento en los niveles económicos más altos. La brecha se agranda cuando se sondea la posesión de una computadora en el hogar: apenas el 29 por ciento de alumnos de primaria y 55 por ciento de secundaria de sectores con menos ingresos frente al 99 por ciento para los sectores con más ingresos.

«Era una preocupación del Ministerio de Educación, cómo hacer para que los sectores populares no abandonen al sistema educativo en el marco de la pandemia: así como hay muchos que se van a poder reincorporar rápidamente, otros van a necesitar incentivos para hacerlo, porque en el medio perdieron un laburo o sus ingresos», expresa Hagman.

Empleo

Otro veinte por ciento será destinado a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, «con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores», especifica la ley. Itai Hagman agrega que «ahora estamos en una política de recuperación económica, así que esta inyección serviría para alentar y dinamizar esa recuperación«. Las pymes argentinas venían de una situación muy delicada desde antes de la pandemia (en la Argentina quebraron alrededor de 25 mil pymes en los últimos cuatro años previo al 2020), así que la recuperación de la actividad económica debe estar acompañada por un refuerzo financiero para reactivar.

En este sentido, más allá de que el programa ATP financió más de 100 mil pymes y el Estado le pagó el sueldo a la mitad de los trabajadores del sector privado, la CAME estima que alrededor de unas 60 mil pymes podrían haber cerrado este año, producto de una pandemia que las agarró en un momento de mucha debilidad luego de cuatro años de políticas económicas que dificultaban mucho el escenario para la producción por las altas tasas de interés, devaluaciones bruscas y una inflación descontrolada.

Urbanización

Un quince por ciento será transferido al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado en diciembre de 2019, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones de vivienda de los habitantes de los barrios populares. Actualmente, el FISU se financia de manera regular con el Impuesto País, y el aporte extraordinario le significará una importante inyección de recursos (aproximadamente cuatro veces más que lo que se recaudó por Impuesto País en todo el año). El plan prevé ejecutar obras para urbanizar los más de 4.400 barrios populares que hay en la Argentina en los próximos diez años.

“La política tributaria es un instrumento privilegiado a la hora de pensar en una distribución más justa del ingreso”, amplía la diputada del Frente de Todos.

Salud

La ley establece que un 20 por ciento de lo recaudado por el aporte será aplicado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Cuando se planteó el proyecto de ley hace seis meses, los creadores del proyectos lo redactaron con la intención de destinar a otros insumos, pero «con la vacuna en puerta sería razonable que una parte se destine a ese fin. De cualquier forma, es una decisión que ya no depende del Congreso porque es responsabilidad del Ejecutivo», reflexiona el diputado del Frente de Todos.

Gas Natural

Un veinticinco por ciento se destinará a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, «actividad que resulta de interés público nacional», explica el proyecto. El mismo deberá realizarse a través de Integración Energética Argentina S.A., empresa que viabilizará los proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución. Además, agrega que Integración Energética tiene la obligación de reinvertir las utilidades provenientes de estos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años.

«El concepto es que la producción envasada de gas natural es una necesidad transversal a los sectores: tanto para las familias, porque impacta en el precio de las garrafas y energía; y también en la producción porque el gas es un insumo fundamental para la actividad productiva», aclara Hagman. «Apunta a generar condiciones para el crecimiento y la inversión», reflexiona Vallejos.

Patria o patrimonio

Detrás de cada una de las asignaciones específicas, la ley se celebra porque significa una transferencia de ingresos que contradice la ruta habitual de ese dinero: la fuga de capitales. La radiografía que realizó la Afip sobre quienes podrían estar afectados por el impuesto, resultó en que apenas 440 personas poseen entre el 6,5 y el 9 por ciento del patrimonio del país; y el 83 por ciento de esos bienes los tienen en el exterior.

«La brecha de desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre trepó de 16 a 21 veces en los últimos cuatro años”, explica Vallejos. Y se profundizó en pandemia. Detrás del verdadero impacto del proyecto, que se entiende que no resolverá la situación de desigualdad estructural de la Argentina, está su significante: a partir de hoy el país es un poquito menos injusto.