Paritarias «mesuradas» y sin cláusula gatillo, el pedido de Alberto Fernández a los gremios

«Paramos la sangría, ahora tenemos que generar una perspectiva de estabilidad». El diagnóstico se escucha en la cima del gobierno de Alberto Fernández y detrás de la mirada a todas luces optimista, se esconde un alerta: en el oficialismo creen que se cumplió el tramo de controlar precios, pero saben que aún está pendiente la cuestión salarial.

El Presidente apuesta a que los gremios, en las paritarias que en algunos casos ya comenzaron, hagan pedidos moderados y fantasea con un detalle: que a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos años, no incluyan el pedido de la «cláusula gatillo» que actualiza los salarios de manera automática al ritmo de la inflación.

Fernández, según supo Clarín, confía en tener el respaldo de los principales dirigentes sindicales, pero admite es un objetivo difícil. «En la puja salarial cada uno defiende lo suyo y eso es comprensible», lo traduce un funcionario.

Pero la gestión para conseguir eso está en marcha. «Nuestro pedido es que en las paritarias haya demandas mesuradas, que no se desbanden», le dijo a Clarín uno de los interlocutores entre el  Gobierno y los gremios.

En la Casa Rosada evitan dar un número de aumentos esperados, porque implicaría hacer una proyección de inflación -algo a lo que se rehúsa el ministro de Economía Martín Guzmán- pero deslizan, de manera genérica, que esperan una banda de subas salariales que oscila entre los 25 y 35 puntos.

En la mesa chica albertista plantean variables y apuntan, como gesto, a voltear las cláusulas gatillo que, en términos simbólicos, implican asumir no solo que habrá inflación sino que esta podría llegar a cualquier nivel. Es decir: un registro de la incertidumbre.

Ese recurso, sistematizado por los gremios durante el gobierno de Mauricio Macri para «no perder ante la inflación» es un síntoma inflacionario per se y por eso, dicen en Gobierno, en su plan más osado celebrarían que ese formato no se use en las paritarias que vienen.

«La cláusula gatillo sirve para no perder con la inflación, pero nuestra intención es que, de a poco, la suba salarial esté por encima de la inflación para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo», apunta un funcionario nacional.

El formato que más agrada a la Casa Rosada es similar al que usó cuando ofició como «patronal»: priorizar sumas fijas que mejoran el poder adquisitivo de los que cobran salarios más bajos.

Es lo que hizo con el aumento de 4.000 pesos que, por decreto, dispuso para privados y el mismo monto para estatales que cobran un bruto de hasta 60 mil pesos. Y aplicó, antes, con los jubilados: el bono de 5 mil pesos para los que cobran hasta 19 mil pesos.

Fernández puso el foco en la cuestión de las paritarias porque considera que es la otra cara de la moneda en el proceso, para él determinante, de frenar la escalada de precios.

El Presidente tiene buen diálogo con la mayoría de los jefes sindicales, y junto a él hay un scrum de funcionarios, entre los que están el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Claudio Moroni de Trabajo y, entre otros, Mario Meoni de Transporte, que ofician como enlaces.

En la hoja de ruta oficial hay casos testigo: se mira las negociaciones de los Bancarios y de los Camioneros y, en particular, la paritaria docente en Buenos Aires que deberá maniobrar Axel Kicillof, aunque antes está la escala de la Paritaria Nacional (que Mauricio Macri suprimió y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que convocará en enero) que servirá para establecer una referencia sobre los salarios mínimos. En el caso docente, la Casa Rosada ya dijo que no quiere gatillo.

El 31 de diciembre, el Presidente festejó un acuerdo con las cámaras empresarias para evitar que el regreso del IVA a los alimentos básicos se traslade, total e inmediatamente, a las góndolas. Luego relanzó Precios Cuidados, programa en el que trabajaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior Paula Español.

Para Fernández, según dicen a Clarín en Casa Rosada, eso formó parte de un paquete de medidas para tratar de romper la inercia inflacionaria y ocurrió junto a otras decisiones: el congelamiento temporal de combustibles, tarifas y peajes.

El freno a las subas es asumido como un mecanismo temporal para «salir de la emergencia y volver a tomar el control de la macroeconomía», dicen en Casa Rosada.