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El que mejor lo definió fue el propio Evo Morales quien, minutos después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmase que rechazaba su candidatura a senador, aseguró que «la decisión es un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS».
El rumor sobre la previsible resolución del Tribunal había tomado cuerpo hace días, pero los propios jueces fueron dando largas a comunicarla. Finalmente lo hicieron en conferencia de prensa el jueves por la noche y en ella el presidente del cuerpo, Salvador Romero, aseguró que el fallo, además, era «inapelable».
El equipo de abogados que acompaña a Evo Morales desde el golpe militar que lo desplazó de la presidencia no piensa lo mismo. El jurista argentino Raúl Pereyra ya había anticipado que si el gobierno de facto tomaba ese camino recurrirían a dos respuestas en paralelo. «En primer lugar apelaremos ante el Tribunal Constitucional de Bolivia» –aseguró–. Pero al mismo tiempo nos vamos a presentar directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que seguramente va a tener que expedirse de manera urgente sobre el tema.
La defensa del ex presidente, compuesta también por Eugenio Zaffaroni y el español Baltasar Garzón, ya había destacado a través de un comunicado que el ex presidente de Bolivia «reúne todos los requisitos jurídicos para ser candidato a senador» en los comicios del tres de mayo.
En el texto, los letrados aseguraron que la candidatura de Morales, quien actualmente ejerce su rol como jefe de campaña del MAS desde Argentina, constituye «un valor indisputable, superior a cualquier otro» que emana «de la Constitución y del Derecho Internacinal de los derechos humanos».
«Cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo de senador será interpretada como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el ‘Estado de no Derecho'», agrega el comunicado firmado en conjunto por los tres abogados.
El insólito argumento utilizado para proscribir la candidatura de Evo Morales es el requisito de residir en el país desde hace dos años en el caso de diputados y senadores. Romero explicó que para tomar la decisión se tuvo en cuenta aspectos como la residencia que figura en el padrón electoral del aspirante a candidato, dónde desarrolla su vida y cuál es la residencia efectiva.
Morales presentó su candidatura a senador por la región boliviana de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997 y donde votó en las sucesivas elecciones hasta los comicios del pasado octubre.
El curioso razonamiento oficial parece ser que, como fue obligado a emigrar por el golpe militar-policial, no vive desde entonces en Bolivia. Aún si Evo Morales hubiese estado dispuesto a arriesgar su vida volviendo a su país, el aparato judicial del golpismo se encargó de presentar una serie de denuncias penales en su contra que garantizan que sería encarcelado apenas ponga un pie en el aeropuerto de El Alto.
A raíz del nuevo golpe dentro del golpe, Evo Morales realizará este viernes una conferencia de prensa en Buenos Aires, en compañía de sus abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. El Grupo de Puebla, formado entre otros por las principales figuras de los gobiernos de Argentina y México, ya hizo pública su preocupación por este nuevo uso de «lawfare preventivo, que persigue a los líderes y lideresas progresistas en toda Latinoamérica para evitar que estos y estas lleguen a posiciones de poder».
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