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Un equipo judicial completo. Con personas de su máxima confianza en lugares clave. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, logró ubicar en el arranque del nuevo Gobierno un paquete de funcionarios y dirigentes en un terreno de máxima tensión para ella: el judicial.
En su espalda, la ex presidenta carga con 9 procesamientos y un juicio por supuesta corrupción en la obra pública que está en pleno desarrollo. Y tiene en agenda otros 8 juicios orales con fecha de inicio aún indefinida. Con ese panorama, Cristina armó un soporte judicial en áreas específicas.
El último hombre de su confianza que logró un cargo fue el ex fiscal Felix Crous que se encargara de comandar la Oficina Anticorrupción (OA). Crous es uno de los miembros fundadores de Justicia Legítima, el espacio que aglutina a jueces, fiscales y abogados que comulgan con el kirchnerismo. De allí salió la ex Procuradora General -la jefa de los fiscales- Alejandra Gils Carbó, que fue nombrada por Cristina cuando era presidenta y que Mauricio Macri desplazó cuando llegó al poder.
La OA, que ahora controla Crous, es querellante en varias causas que investigan a la ex presidenta. Por eso su rol es importante. Puede impulsar los expedientes o dejar de hacerlo.
En el Ministerio de Justicia puso a Juan Martín Mena, un abogado que ya trabajó junto a Cristina cuando era presidenta. Fue subsecretario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando el titular era Oscar Parrilli.
Mena ya fue funcionario de Justicia y conoce a la actual ministra Marcela Losardo. Trabajaron juntos cuando ella era secretaria de Justicia -durante el gobierno de Néstor Kirchner- y él un funcionario del ministerio. La última aparición pública de Mena fue junto a la ex presidenta. La acompañó, junto a otros dirigentes kirchneristas, a los tribunales de Comodoro Py cuando tuvo que declarar en el juicio que investiga el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez.
Mena, durante la gestión de Cristina, fue uno de los que ayudó a confeccionar el código procesal penal que pone en funcionamiento el sistema acusatorio que le da más poder a los fiscales. Es una medida que modifica el esquema actual del poder en el Justicia y que le quita poder a los jueces federales sobre todo los de Comodoro Py. Ese punto estará incluido en la reforma judicial que el Gobierno enviará al Congreso. Mena tiene injerencia en ese proyecto.
El ex dos de la AFI está procesado, junto a Cristina, en la causa que investiga el Memorándum con Irán. Y además, es socio en su estudio de abogado de otra flamante funcionaria, la ministra de la Mujer, Género y Diversidad y abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
El ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, es otro hombre clave para Cristina con injerencia en el plano judicial. Asumió como Procurador del Tesoro con respaldo de Cristina. En los hechos es el jefe de todos los abogados del Estado. Su equipo de letrados tiene representación en todos los ministerios. Zannini es amigo y confidente de la vicepresidenta y uno de los hombres de mayor confianza. Está procesado en la causa del Pacto con Irán donde estuvo detenido con una preventiva por más de 100 días.
La ex fiscal Marcela Caamaño, que fue nombrada interventora de la AFI, también se suma a la lista de los funcionarios impulsados por la ex presidenta. Tiene una fuerte simpatía con el kirchnerismo y es la actual presidenta de Justicia Legítima. Como interventora de la AFI se encargará de reordenar el mundo del espionaje, señalado por la ex presidenta como el lugar desde donde se habrían apretado a algunos testigos para que declararan en su contra en algunos expedientes judiciales. De llegada a la vicepresidenta, en el albertismo dicen que el nombre de Caamaño lo propuso Daniel Rafecas, el juez que es candidato a quedarse con la Procuración General. Pero contó con la aprobación de la ex presidenta.
En el Consejo de la Magistratura la ex presidenta también hizo sentir su peso. Logró que asuma como consejero en representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo «Wado» De Pedro, el ahora ministro del Interior. El Consejo se encarga de la selección, el control y castigo de los jueces. En la mira de Cristina Kirchner hay varios: Claudio Bonadio y Julián Ercolini, están entre los más odiados. La procesaron y enviaron a juicio oral en varios expedientes. Ustarroz ya trabajaba como asesor de De Pedro cuando ocupaba un lugar en el Consejo y conoce los tiempos y secretos del organismo.
Aunque su área no es netamente judicial, también se puede sumar en la lista de los que llegaron con apoyo de Cristina a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Sobre todo porque antes de que terminara el año se metió en una causa caliente para Cristina y la Justicia, la que investiga la muerte de Alberto Nisman. Frederic criticó la pericia que realizó Gendarmería. Ese informe había determinado que al fiscal lo asesinaron dos personas. La ministra confirmó la semana pasada que auditará el trabajo de Gendarmería en el expediente en el marco de una revisión «técnico-administrativa» . Además, Frederic tiene a cargo las cuatro fuerzas federales (Policía, Prefectura, Gendarmería y PSA) que suelen colaborar con la Justicia en allanamientos, peritajes y todo tipo de informes. Ya anunció los cambios en la cúpula de esas fuerzas con integrantes más afines al nuevo estilo que buscará darle a la seguridad.
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