Quiénes son los «presos políticos» para el kirchnerismo duro

Una vez que el resultado de las elecciones generales de octubre del año pasado consagraron a Alberto Fernández como presidente y antes de la asunción oficial, el núcleo duro del kirchnerismo lanzó la consigna «Por una Navidad sin presos políticos». La frase que hizo pública el por entonces senador electo Oscar Parrilli arrancó el debate en seno de un gobierno en formación, que a punto de cumplir dos meses en el poder se transformó en una polémica hasta con cruces públicos de ministros, que molestó al presidente.

Durante el gobierno de Mauricio Macri varios los dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo que entraron en distintos penales con prisiones preventivas. En el último tiempo varios recuperaron la libertad y otros recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, pero la polémica continua. ¿Quiénes son hoy los dirigentes a los que el kirchnerismo duro califica como “presos políticos”?

Un ícono de la categoría “preso político” a la que se refiere el kirchnerismo duro lo representa la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016, después de 32 días de acampe frente en el centro Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales. Esa primera detención le generó un grave problema al gobierno de Macri al punto de recibir el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Luego Sala fue procesada en cinco causas y condenada en tres. A fines de 2018, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso al considerarla responsable e instigadora de un escrache contra Morales en 2009. También recibió una condena de cuatro años al ser encontrada culpable del delito de «lesiones graves» contra otros referentes sociales jujeños en 2006. Pero la condena más grande es a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. La Justicia investigó un desvío superior a los $ 60 millones entre 2011 y 2015 para obras que no se realizaron.

Desde el 29 de diciembre de 2018, Milagro Sala cumple las condenas en su domicilio del barrio Cuyaya, en la capital provincial. La actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue su abogada y afirma que Milagro Sala es una “presa política del régimen” del gobernador Morales.

Otro caso emblemático es el del ex presidente Amado Boudou. En agosto de 2018 fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse quedado con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica. Lo detuvieron con polémica por la difusión de las imágenes a fines de 2017, fue excarcelado y el año pasado volvió al penal. La Cámara de Casación Penal resolvió por unanimidad confirmar el fallo del Tribunal Oral Federal 4, por lo que el ex vicepresidente dejó de estar detenido bajo la figura de la prisión preventiva y pasa a ser formalmente un condenado.

Otro dirigente que se metió de la polémica por la calificación de “presos políticos” fue el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, detenido con prisión preventiva -desde mediados de diciembre en su chacra de Zárate-.

Sobre De Vido (quien también cuestionó al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero por sus dichos), pesaba la orden de prisión preventiva por la causa de Río Turbio, donde la Justicia investiga un perjuicio contra el Estado de alrededor de $ 176 millones. Mientras estaba en el penal de Marcos Paz recibió otra prisión preventiva, por la causa de los cuadernos de las coimas. También pesa sobre el ex ministro una condena a 5 años y ocho meses por la Tragedia de Once.

Hace menos de un mes, Parrilli en una entrevista radial también opinó distinto al presidente y a Santiago Cafiero. “Yo respeto la opinión de Alberto Fernández, no voy a condicionarlo. Es una opinión mía que hay presos políticos. Milagro Sala lo es”. En su lista agregó a De Vido, y Boudou.

El 28 de noviembre del año pasado hubo una marcha a Tribales por los “presos políticos”, que entre otros fue impulsada por el líder piquetero Luis D’Elía, detenido en febrero del año pasado por la condena a tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004.

Y al pedido de esa marcha también se había sumado Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, detenido por segunda vez en agosto de 2018 por la causa de los cuadernos. Fue liberado pocos días después en diciembre del año pasado.

Y en diciembre, otro que se incluyó en la lista de “presos políticos” fue el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que habló en radio. Estaba con prisión preventiva en Ezeiza desde 2016 por una causa por la compra de trenes obsoletos a España y Portugal en 2005. Pero el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó el veredicto y elevó la pena por la Tragedia de Once de seis a ocho años de prisión. A principios de diciembre pidió la prisión domiciliaria y declaró que sufre “persecución política”.

A su vez, el propio Amado Boudou había manifestado que el empresario Cristobal López y su socio, Fabián De Sousa, quienes estuvieron casi dos años con prisión preventiva, también «fueron presos por cuestiones políticas», en la causa de Oil Combustibles, donde se investiga una defraudación al Estado por unos $8000 millones.