Radiografía de Comodoro Py: quiénes son los jueces a los que el Gobierno les quiere sacar poder

El gobierno de Alberto Fernández trabaja en una reforma integral del Poder Judicial. No escatimó críticas durante su discurso ante la Asamblea Legislativa cuando asumió como Presidente y esos planteos no cayeron del todo bien en Comodoro Py. Aquellos dichos sobre una justicia vinculada a los servicios de inteligencia y las extorsiones, que dicta prisiones preventivas arbitrarias y arma causas con fines políticos tenía como destinatarios a los poderosos jueces de Comodoro Py. En los tribunales de Retiro dan como un hecho una modificación del sistema que podría licuar el poder de los once jueces federales actuales (son 12 juzgados pero uno se encuentra vacante) que implicaría la unificación de los fueros penal económico y el federal para incrementar la cantidad de juzgados.

Nada está confirmado aún oficialmente, pero lo que sí está claro es que algunos magistrados son los señalados con mayor énfasis por su proceder contra ex funcionarios kirchneristas y la propia actual vicepresidenta, en causas de corrupción. El Gobierno mantiene mayor diálogo con algunos jueces y con otros una sostiene fuego abierto y cruzado. Con esos datos, es posible hacer una radiografía para mostrar quienes son los jueces sometidos a la reforma.

Juzgado federal 1: María Servini (83 años)

Nombrada en 1990 por el gobierno de Carlos Menem, ese mismo año tuvo a su cargo la causa en la que se investigó a Amira Yoma, cuñada del entonces presidente, por lavar dinero del narcotráfico. Es la jueza con competencia electoral y la que fijó el día y horario en el que concluía en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner y cuándo iniciaba el de Mauricio Macri. Es la jueza de mayor edad y hasta el año pasado, la única mujer a cargo de un juzgado en Comodoro Py. Debería estar jubilada, ya que el límite es de 75 años, pero tiene un amparo que le permite seguir en funciones.

Recientemente, fue la responsable de sobreseer a Máximo Kirchner y a otros dirigentes de La Cámpora investigados en una expediente derivado de los Cuadernos de las Coimas, por la aplicación de fondos presuntamente provenientes de sobornos para la campaña política. Servini quedó también subrogando el juzgado 12, que se mantiene vacante.

Juzgado federal 2: Sebastián Ramos (51 años)

Asumió frente al juzgado en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, después de desempeñarse por años con su par Daniel Rafecas. En sus manos tuvo la causa que investigó a Julio De Vido y a Andrea del Boca por una novela no concluida que financió el extinto Ministerio de Planificación. El expediente ya fue elevado a juicio oral. Entre los ex funcionarios K investigó a Ricardo Jaime, a De Vido y al empresario Néstor Otero por la renovación por el contrato de Retiro. Además, envió a juicio oral a Lázaro Báez y a Cristóbal López por lavado de dinero por la compraventa de un terreno en Comodoro Rivadavia. Entre otras cosas, Ramos archivó el expediente que se inició por la denuncia de Amado Boudou por la filmación del día de su detención en noviembre de 2017. Entre las últimas causas que instruyó, se encuentra el procesamiento contra el perito David Cohen por falso testimonio. Fue quien realizó la pericia en la causa GNL contra De Vido y Roberto Baratta.

Juzgado federal 3: Daniel Rafecas (53 años)

Es la persona elegida por el presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, será el jefe de los fiscales federales. Ingresó al juzgado bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004. Fue el juez que por inexistencia de delito, desestimó la denuncia realizada por el entonces fiscal Alberto Nisman, donde acusaba de encubrimiento a Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios por la firma del Pacto de Entendimiento con Irán. Después de un mes de haber recibido la causa, Rafecas la dejó sin efecto. Fue la Cámara de Casación la que ordenó la reapertura de la investigación que terminó en manos del juez Julián Ercolini.

Entre otras investigaciones, recayó en su juzgado la de la compra venta de la ex calcográfica Ciccone. Fue apartado del expediente y denunciado ante el Consejo de la Magistratura, después que se descubrieron mensajes del juez con el abogado de José María Núñez Carmona, socio de Amado Boudou e imputado en la causa. Recientemente, desestimó la imputación del fiscal Gerardo Pollicita contra Aníbal Fernández y otros ex jefe de gabinete -en total 20 involucrados- en la causa Fútbol Para Todos. Tuvo a cargo la causa contra José López por enriquecimiento ilícito que llegó a juicio oral y donde el ex funcionario K fue condenado a 6 años. Además, fue el primer juez en enviar a juicio una investigación que involucraba a la brasilera Odebrecht, pero sólo el tramo que investigó la responsabilidad de los ex funcionarios kirchneristas en la ampliación de gasoductos.

Fue el juez que estuvo al frente del caso de las coimas en el Senado con Mario Pontaquarto como acusado y colaborador.

Juzgado federal 4: Ariel Lijo (52 años)

Fue en 2004 durante la administración de Néstor Kirchner, que Ariel Lijo quedó frente al juzgado federal 4. Quedó a cargo de la causa Ciccone cuando apartaron a su par Daniel Rafecas. En 2016 envió a juicio oral a Amado Boudou en esta causa en la que después del juicio oral, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Fue quien ordenó la detención del ex vicepresidente en una causa por enriquecimiento ilícito. Entre las derivaciones del caso Ciccone procesó al banquero Jorge Brito y al ex AFIP Ricardo Echegaray, entre otros en la causa que investigó el financiamiento para la compra de la ex calcográfica.

Lleva adelante la causa por enriquecimiento contra Boudou y otro expediente por facturas apócrifas. En 2017 sobreseyó a Gabriela Michetti por el origen del dinero que le fuera sustraído en su domicilio, mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales. También resolvió archivar la investigación sobre las fundaciones vinculadas a la ex vicepresidenta de Mauricio Macri. También, procesó a Oscar Parrilli por el delito de encubrimiento agravado de Ibar Pérez Corradi acusado por narcotráfico. Años atrás, tuvo en sus manos la investigación por encubrimiento en la causa AMIA, y envió a juicio oral a Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia.

Juzgado federal 5: María Eugenia Capuchetti (46 años)

Fue la última jueza en jurar en Comodoro Py. Se hizo cargo en 2019 del juzgado que tuvo Norberto Oyarbide y que permaneció vacante durante tres años. Es hija del histórico jefe de Seguridad de la AFA, Carlos Capuchetti. Aquellas viejas raíces familiares en el mundo del fútbol y la justicia -en cuyos distintos despachos reportó durante dos décadas- la vincularon con Daniel Angelici, quien es reconocido como uno de sus referentes y auspiciantes. Pero el «padrino» más cercano a la flamante jueza federal es quien por pocas semanas no llegó a ser también su colega, el ahora juez de la Corte Suprema bonaerense Sergio Torres. Con él trabajó cuando estaba a cargo del juzgado de instrucción 24, y lo acompañó a Comodoro Py en 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa lo hizo juez federal.

Tiene en su despacho la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner en la que fue sobreseída por Oyarbide pero después de decir que fue presionado para cerrar el expediente rápidamente, Capuchetti debe decidir si reabre o no la investigación.

Juzgado federal 6: Rodolfo Canicoba Corral (75 años)

Llegó a Comodoro Py en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem. Cuando la Cámara Federal porteña apartó a Juan José Galeano del caso AMIA, la investigación recayó en el juzgado de Canicoba Corral. En base al dictamen del entonces fiscal Alberto Nisman, ordenó la captura internacional de un grupo de iraníes imputados en la causa como responsables del atentado a la sede de la AMIA. En ese contexto, consideró que el atentado se trataba de un crimen de lesa humanidad.

Entre sus últimas investigaciones, se encuentra la de lavado de dinero y obstrucción de vías navegables contra Omar “caballo” Suárez, el ex sindicalista del SOMU. Le dictó la prisión preventiva al inicio de la causa y lo envió a juicio oral. El juez Rodolfo Canicoba Corral, procesó a Guillermo Moreno por el delito de turbación de una reunión lícita, por haber irrumpido en una asamblea de Clarín. En los últimos años, sobreseyó a Mauricio Macri por una serie de reuniones mantenidas con la brasileña Odebrecht investigada en el Lava Jato, a Gustavo Arribas por una serie de transferencias de fondos. El magistrado cuenta con una denuncia por enriquecimiento ilícito que tiene a su cargo su par Luis Rodríguez.

Juzgado federal 7: Sebastián Casanello (46 años)

Con 37 años se convirtió en el juez federal más joven. En 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner se hizo cargo del juzgado 7. En sus manos estuvo la causa conocida como la Ruta del Dinero K en la que detuvo a Lázaro Báez y posteriormente lo procesó por lavado de dinero enviándolo a juicio oral junto a sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Federico Elaskar, y otros 17 imputados.

La instrucción tomó otra celeridad después que se difundieron las imágenes de la financiera “La Rosadita” donde se veía al entorno de Báez contando 5 millones de dólares. En este causa dictó la falta de mérito para Cristina Kirchner considerando que no había pruebas suficientes para involucrarla en la estructura de blanqueo de 60 millones de dólares. La causa quedó vinculada a la defraudación en la obra pública considerándolo el delito precedente. También procesó a Ricardo Echegaray por encubrimiento del empresario K, pero la Cámara federal desestimó las acusaciones. En 2015 sobreseyó a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales.

Después de un laberíntico recorrido, la causa Skanska recayó en su juzgado y envió a juicio oral a Julio De Vido por lo que fue el primer escándalo de corrupción que enfrentó en 2005 el kirchnerismo. Además, fue el primer juez en corroborar en un expediente vinculado a la constructora Odebrecht, la ruta de sobornos que ser pagaron por la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySa.

Juzgado federal 8: Marcelo Martínez De Giorgi (54 años)

Quedó como titular del juzgado en 2012. Cuatro años después fue el responsable de instruir la causa conocida como Sueños Compartidos donde procesó a los hermanos Schoklender, a Julio De Vido, Jorge Capitanich y Hebe de Bonafini. Procesó en 2019 a Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime, entre otros, por el Soterramiento del Tren Sarmiento pero dejó afuera los empresarios involucrados según la acusación del fiscal Franco Picardi. También fue quien procesó al fiscal Carlos Gonella por cómo procesó en la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Recientemente, el juez sobreseyó a Norberto Oyarbide y a Javier Fernández en un expediente que se desprendió de la causa de los Cuadernos de las Coimas. Asimismo, tiene a su cargo una investigación contra Cristina Kirchner por encubrimiento de espionaje ilegal, por las carpetas con documentos que fueron halladas en su domicilio en El Calafate en uno de los allanamiento ordenados por Claudio Bonadio en el marco de la causa Cuadernos.

Juzgado federal 9: Luis Rodríguez (61 años)

Se hizo cargo del juzgado 9 en 2012. El juez Rodríguez fue quien en noviembre de 2017 por orden de la Cámara federal porteña, ordenó la detención de Julio De Vido en el marco de la investigación por el desvío de fondos de la mina de carbón de Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En esta causa lo procesó y envió a juicio oral el año pasado. Además tuvo la investigación por el sobreprecio en la Usina de carbón de la misma localidad santacruceña y una sobre enriquecimiento ilícito sobre De Vido que se la remitió a su par Claudio Bonadio. Entre otras causas, tuvo a su cargo la investigación contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el tren bala.

Recientemente procesó al ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, por negociaciones incompatibles con la función pública. También sobreseyó a Cristina Kirchner en una investigación sobre la cesión de bienes que realizó de su patrimonio, a favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Había sido denunciada por presunta insolvencia fraudulenta, Rodríguez no encontró prueba para sostener la acusación.

Juzgado federal 10: Julián Ercolini (58 años)

En 2004 fue designado como juez del juzgado 10 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Fue quien sobreseyó a los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Años después tuvo a su cargo la denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita que se unificó con una denuncia de Vialidad Nacional y terminó procesando a Cristina Kirchner y enviándola a juicio oral, por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En paralelo tuvo la causa Hotesur que investigó a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero. Todos fueron enviados a juicio oral y en este expediente Ercolini secuestró los 6 millones de dólares que estaban a nombre de la hija menor de la actual vicepresidenta.

También, elevó a juicio oral la causa Los Sauces donde la familia Kirchner junto a Lázaro Báez y a Cristóbal López fueron acusados de lavado de dinero. Una de las causas más complejas que tiene el juez es la que se ocupó de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. Allí, el juez procesó a los cuatro ex custodios y a Diego Lagomarisno con diferentes roles en lo que determinó se trató de un homicidio. La causa sigue en instrucción después de la confirmación de la Cámara federal porteña que además avaló la pericia de Gendarmería Nacional que se refirió a una muerte violenta. En 2018 ordenó la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa a quienes procesó por defraudación al Estado al no pagar al fisco $ 8.000 millones. La causa se encuentra en juicio oral y los empresarios fueron excarcelados el año pasado. Fue Ercolini quien el 3 de abril de 2016, también, detuvo a Ricardo Jaime a quien procesó y envió a juicio oral por la compra de trenes chatarras y en una causa por dádivas.

Juzgado federal 11: Claudio Bonadio (64 años)

Es juez federal desde 1994 durante el gobierno de Carlos Menem. Previo a ello fue el secretario de Asuntos Legales de Carlos Corach. Llegó a acumular más de 40 denuncias en el Consejo de la Magistratura, el 95% de las mismas fueron desestimadas. Cristina Kirchner lo denunció por mal desempeño y es uno de los jueces que más críticas cosechó por parte del kirchnerismo. Fue quien allanó la empresa de los Kirchner, Hotesur y esta causa después le fue quitada. Sin embargo, permaneció frente a la investigación por lavado de dinero contra la ex Presidenta y sus hijos conocida como Los Sauces.

Después de procesarla envió el expediente al juzgado de Ercolini que ya tenía radicada Hotesur allí. Estos últimos años, envió a juicio a Amado Boudou por la transferencia de un vehículo con papeles apócrifos, juicio en el que fue condenado. La causa de la Tragedia de Once estuvo también en su juzgado que derivó en el juicio con condena contra Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y en una segunda etapa, de Julio De Vido. Tuvo dos expedientes más contra Cristina Kirchner: Dólar Futuro que fue la primera indagatoria de la ex presidenta tras dejar la Casa Rosada en diciembre de 2015. La causa está elevada a juicio oral. Y la investigación por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán donde le dictó la primera prisión preventiva que no se concretó por los fueros con los que contaba como Senadora. También fue elevada a juicio.

Desde el 1 de agosto de 2018 tuvo a su cargo la causa conocida como los Cuadernos de las Coima. Allí dictó 47 prisiones preventivas, procesó a un centenar de empresarios acusados de haber pagado coimas y a Cristina Kirchner como la jefa de la asociación ilícita. La causa tuvo seis derivaciones más. No todas contaron con la confirmación plena de la Cámara federal porteña que en algunos casos, dictó falta de mérito para la ex Presidenta. Pero en la causa “madre” enviada a juicio oral, sí se confirmó la acusación de Bonadio contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.