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Cristina Kirchner había asumido como vicepresidenta con cinco pedidos de prisiones preventivas, en diversas causas de corrupción. Este lunes, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) decidió ordenar el cese de una de ellas. En las últimas semanas, además, el juez Luis Rodríguez dictó la falta de mérito en una investigación que recaía contra la ex Mandataria por haber cedido sus bienes a sus hijos. Por otro lado, la Cámara de Casación corrió al juez Claudio Bonadio en una causa que estaba por enviar a juicio contra Cristina Kirchner por el uso de los aviones presidenciales para trasladar muebles para sus hoteles al Sur.
El escenario judicial de la vicepresidenta sigue siendo complejo, pero el último mes diferentes instancias del Poder Judicial tomaron medidas que mejoraron la situación de Cristina Kirchner. Aún cuenta con nueve procesamientos (siete de ellos en causas de corrupción), siete expedientes elevados a juicio oral y cuatro pedidos de prisiones preventivas.
La última resolución firmada por el TOF 8 fue de este lunes, en la misma se ordenó el cese de la prisión preventiva para la ex Presidenta en el caso en el que se la procesó por encubrimiento agravado y estorbo de un acto de funcionario público por la firma del Pacto de entendimiento con Irán.
Dos de los jueces del Tribunal, María López Iñiguez y José Michilini señalaron que sobre el encarcelamiento preventivo dictado contra Cristina Kirchner, «por cuanto ella no se encuentra privada de su libertad, entendemos que dicha medida, no obstante, se encuentra vigente, por lo que pasados los dos años desde que fue decretada», no debe seguir vigente.
En segundo lugar, se indicó que a la vicepresidenta no se le impuso «ninguna restricción especial a su libertad ambulatoria, dado que desde que se le decretó su procesamiento con prisión preventiva se estuvo a la espera de la efectivización del mentado desafuero, lo cierto es que la nombrada en todo este tiempo ha honrado sus compromisos procesales, pues en todo momento estuvo a derecho y dio cumplimiento puntual a sus obligaciones», indicaron.
Así, cumplirse los dos años de la medida cautelar en cuestión, los jueces entendieron que la misma no cuenta con » razones fundadas» ya que no ven en la vicepresidenta una actitud que «eluda el accionar de la justicia o entorpezca el avance de la causa en los términos ponderados el 6 de diciembre de 2017 por el juez instructor».
Durante la instrucción, la justicia determinó que existió un «plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento» para «dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes» acusados del atentado contra la sede de la AMIA en 1994.Tanto el juez Claudio Bonadio como el fiscal Eduardo Taiano coincidieron al plantear que los acusados «participaron de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado de la AMIA, en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán».
Días previos a reducir la cantidad de prisiones preventivas dictadas todas ellas por el juez Bonadio, el juez Rodríguez sobreseyó a la vicepresidenta en una investigación donde se la había acusado de presunta «insolvencia fraudulenta» por el traspaso de sus bienes en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La denuncia sostenía que habría buscado «evadir los embargos» dictaminados en diferentes causas judiciales, cuando se desprendió de su patrimonio de 77 millones de pesos.
La investigación sobre el manejo de su patrimonio inició en 2017, pero sólo dos años después el juez Rodríguez determinó que allí no hubo delito. «Sin perjuicio de cuándo fue publicada la noticia y de cuáles eran para ese entonces los autos de méritos decretados en los expedientes sustanciados en su contra, conforme se encuentra acreditado en la presente causa -mediante copias de la escritura correspondiente- la cesión de derechos hereditarios gananciales de la ex presidenta en favor de sus hijos tuvo lugar el 10 de marzo de 2016». Para ese momento, sin embargo, varias de las causas judiciales en su contra habían empezado a moverse con velocidad.
Según consideró Rodríguez, la fecha en la que se realizó el traspaso de bienes, acciones y cuentas bancarias, «no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 4 de abril siguiente) en la causa conocida como «dólar futuro».
También la Cámara de Casación tomó una decisión a favor de la vicepresidenta al correr al juez Bonadio de una causa que estaba próxima a enviar a juicio oral con Cristina Kirchner como principal acusada. La Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, consideró que se encuentran «comprometidas las garantías del juez natural y de imparcialidad del juzgador, así como el debido proceso legal».
Se trata de la causa en la que se la procesó por peculado por utilizar los aviones presidenciales para el traslado de muebles para los hoteles de la familia Kirchner.
«La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y que fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal», señalaron los camaristas.
Estas decisiones se tomaron en medio de un conjunto de excarcelaciones dictadas sobre ex funcionarios kirchneristas, en base a las nuevas restricciones a las prisiones preventivas implementadas en el nuevo Código procesal penal. El listado incluye a Julio De Vido, Roberto Baratta, en las últimas semanas. Incluso José López consiguió la excarcelación en una de las causas, en la que se encuentra detenido, pero continuará preso por el expediente de los bolsos.
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