Robaban claves fiscales a monotributistas para inve…

A partir de múltiples denuncias formuladas por pequeños monotributistas y personas en general de condición humilde, a quienes se les había robado la clave fiscal, se llegó a detectar primero y desarticular después una organización dedicada a la fabricación de facturas «truchas» que eran utilizadas con fines de evasión fiscal. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con la Justicia Federal de
Córdoba y el Ministerio Público Fiscal desarticularon un entramado de estudios
contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas.
Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas
investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones
de pesos, aunque fuentes de la investigación que siguen con el análisis del material secuestrado en distintos procedimientos, asegura que la cifra total ya supera los 3000 millones. 

A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión
de impuestos del orden de los 430 millones de pesos, como mínimo, entre 2017 y 2020.
La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la
Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba. 

Entre las
metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas
investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad
contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de
los impuestos que debían pagar sus clientes. 

Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90
allanamientos y 33 detenciones, entre integrantes de la banda que actuaba como «usina de facturas truchas», empresarios que se beneficiaban con su utilización para simular gastos y hasta un par de funcionarios municipales ligados a estos delitos.

Los delitos investigados son asociación ilícita,
adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el
Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco. 

Los
procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la
participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI)
de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y
provinciales.