https://images.clarin.com/2020/10/09/sin-vinculo-alberto-fernandez-y___wbIW1LGzq_1200x630__1.jpg
Mientras Diputados se prepara para hacer ley el proyecto para oficializar la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad y Felipe Miguel, la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, llama a los legisladores de todos los partidos a oponerse, en la Casa Rosada circula un informe con los giros de la Nación a la Capital que consideran «excesivos» durante la administración de Mauricio Macri. El jefe de Gobierno sospecha que por la necesidad de mantener los equilibrios, la Nación no jugará a fondo en el medio de relación sin retorno entre las dos jurisdicciones.
Con nuevos argumentos, el Gobierno busca inclinar la balanza de la discusión pública a la espera del fallo de la Corte Suprema por la denuncia de la Ciudad tras el quite del equivalente a 1.2 puntos de coparticipación que el ex mandatario le transfirió a la Capital por el traslado de la Seguridad.
Ahora, en el Ministerio del Interior ponen la lupa en los $6 mil millones de transferencias del Ministerio de Justicia a la Ciudad por el traspaso de competencias y juzgados. En particular, por las transferencias de $4 mil millones, que se trasladaron entre el 24 de octubre y el 3 de diciembre del año pasado; después de las PASO y antes de la asunción de Alberto Fernández.
El informe oficial compara las transferencias de los años anteriores del gobierno de Macri para el “traspaso progresivo de competencias penales”. En 2017 fueron $310 millones; en 2017, $363 millones, casi 9 veces menos que la transferencia de $2.255.101.420 que la Nación le giró a la Ciudad el 3 de diciembre de 2019.
En el Ejecutivo argumentan que el gobierno anterior no publicitó lo suficiente semejante operación. También ponen la lupa en los US$ 60 millones que la Nación trasladó a la Ciudad para construir una cárcel federal en Marcos Paz que reemplace a la de Devoto. Otra vez, la mitad se transfirió después de las PASO, que -en palabras de Macri- marcaron el final de su “gobierno económico”.
En la Casa Rosada plantean que ya tomaron una decisión: no cederán a la Ciudad el predio de la cárcel de Devoto. En la Ciudad pretendían demoler la única prisión federal que funciona en el distrito y montar un espacio verde en el 65 por ciento del predio y permitir desarrollo inmobiliario en el restante. La remoción de la cárcel es una demanda histórica de los vecinos de la zona.
Al jefe de Gobierno no le preocupa. “Que hagan lo que quieran”, afirma en la intimidad. Le dice a sus colaboradores más cercanos que todo lo que la Ciudad recibió de la Nación eran compromisos previos y reitera que preferiría dinero fresco en lugar de inmuebles nacionales para vender o utilizar.
Horacio Rodríguez Larreta y Eduardo «Wado» de Pedro. El ministerio del Interior armó el nuevo documento del Gobierno.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) revisa el traspaso de 135 inmuebles entre 2016 y 2019 por US$ 900 millones. Una parte de ellos se utilizó para la construcción del Paseo del Bajo y motivó una denuncia de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación. Entre octubre y diciembre del año pasado se hicieron 34 escrituras en favor de la Ciudad por $16 mil millones. Rodríguez Larreta está dispuesto a devolver los terrenos, siempre y cuando la Nación salde sus deudas con la Ciudad.
Alberto F. y Rodríguez Larreta: una relación rota
El jefe de Gobierno intuye lo mismo que repiten en la Casa Rosada por estas horas: la Nación no tiene mucho más margen político para avanzar sobre recursos de la Ciudad. Cualquier decisión en ese sentido podría terminar de romper los puentes en el Congreso, donde el oficialismo necesita aprobar leyes y mostrar gobernabilidad. En Balcarce 50 reconocen que la supuesta discrecionalidad de Macri que benefició a la Ciudad no constituye en sí misma un delito, pero pretenden dar el debate.
La quita de los 1.2 puntos coparticipación resquebrajó el diálogo entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Esta semana podría haber un encuentro entre ambos, con la excusa del primer vencimiento del DISPO. Todavía no hubo comunicaciones en ese sentido y en la Ciudad creen que no será necesario. “Si seguimos en DISPO, ¿qué cambiaría?”, se preguntan.
Rodríguez Larreta tampoco dará la orden a sus legisladores para que voten el cambio de la ley orgánica del Ministerio Público, que empuja Cristina Kirchner.
El jefe de Gobierno es hasta ahora el único gobernador que no firmará el consenso fiscal que empuja el Ejecutivo nacional -para que las provincias puedan aumentar impuestos- si el Presidente no elimina la cláusula para que los distritos desistan de sus demandas contra la Nación. «Si lo hiciera, cualquier porteño podría demandarme por no defender sus recursos», le escucharon decir. En la Nación aportan que la Ciudad podría compensar en parte la merma en su presupuesto con los impuestos a las Leliqs y a las compras con tarjetas de crédito.
El Ejecutivo porteño espera una resolución rápida del máximo tribunal, que ya empezó a revisar la causa . «Espero que sea cuanto antes, pero es imprevisible. Todos los días pierdo plata», suele repetir el jefe de Gobierno sobre los $150 millones por día que la Ciudad dejó de percibir.
Ahora que Fernández y Larreta casi no se hablan, la secretaria de Provincias Silvina Batakis y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura concentran el diálogo. “Son mucho más que dos técnicos”, insisten en la Casa Rosada. Los jefes de Gabinete de las dos jurisdicciones Santiago Cafiero y Felipe Miguel también tienen diálogo fluido.
El documento elaborado por la Cartera de Eduardo “Wado” de Pedro no tardará en convertirse en un argumento para legisladores del oficialismo. El senador y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, se refirió a algunos de esos ítems durante la votación del Presupuesto 2021 en la Cámara Alta.
El texto incluye también la liquidación de las operaciones de Lotería Nacional en la Ciudad en favor del distrito. Aunque la competencia del juego es de los distritos, en el Gobierno argumentan que también se quedaron sin herramientas para regular el juego online.
También miran de reojo la financiación del Hospital Garrahan, que antes de 2018 Nación y Ciudad financiaban en partes iguales. A partir de entonces la Ciudad -por decreto de Macri- solo cubre el 20% del costo y dejó de transferir $8 mil millones.
En el marco de la pandemia, en el Gobierno consideran inviable dar marcha atrás con la medida, aunque en el mediano plazo no lo descartan; a pesar de que podría colisionar con los planes del Frente de Todos en la Capital. “A la Ciudad se la benefició por mucho más que por la transferencia de la Policía”, insisten en señalar en Balcarce 50. En el Gobierno reiteran que el traspaso incluyó recursos muy por encima de la transferencia de agentes de la Policía Federal.
Ese es en definitiva la madre de todas las discusiones entre los distritos. En la sede del Ejecutivo porteño, en Parque Patricios, destacan que la Ley Cafiero ordenaba la transferencia de la competencia de Seguridad y no solo el traspaso de la Federal. “Lo que ellos consideran `discutible` -agentes de la Metropolitana, nuevas comisarías, etc- es un monto mínimo”, insisten.
PDL
[ad_2]
Fuente