Sigue el lobby de la UIA contra el aporte de las gr…

La Unión Industrial Argentina (UIA) le pedirá al Senado que modifique el proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que la semana que viene podría convertirse en ley. “Está bien gravar la demostración de riqueza, pero no la productividad”, aseguró Miguel Acevedo, presidente de la UIA, durante una conferencia virtual con periodistas, donde se presentó la Conferencia Industrial que se realizará la semana que viene. 

“La relación más complicada hoy es con el Congreso”, indicó Acevedo y criticó la sanción de la ley del teletrabajo, el aporte extraordinario que ya tiene media sanción en Diputados y la ley de etiquetado de alimentos que ya fue girada a comisiones para comenzar a tratarse en Diputados.

“No se gravan las herramientas con las que trabaja un plomero, se grava la ganancia que pueda tener”, criticó Acevedo sobre el alcance del aporte, que será para 12 mil personas, el 1,2 por ciento de quienes pagan bienes personales, según la AFIP. Desde la UIA estiman que 5000 de esas personas son empresarios pymes con compañías de entre 100 a 500 personas. “Son las que crean empleo formal y en muchos casos el valor del aporte son 3 o 4 años de utilidades”, indicó Diego Coatz, economista jefe de la UIA, durante la charla por zoom.

La entidad le entregó un informe sobre el aporte extraordinario a la mayoría de los bloques del Congreso y al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Les pedimos a los senadores poder hablarlo”, anticipó Acevedo. En el documento plantean introducir modificaciones para que en la base de imposición no haya acciones en activos productivos. Ya lo habían presentado al departamento de legislación en Diputados, sin éxito, dado que el proyecto se aprobó sin cambios.

La semana que viene el proyecto se convertiría en ley, dado que cuenta con los votos en el Senado. La sesión sería el jueves que viene, según fuentes parlamentarias, el mismo día que el presidente Alberto Fernández participará del cierre de la Conferencia Industrial anual que organiza la UIA, este año llamada “Produciendo Argentina: agenda federal para la reactivación y el crecimiento”.

Ley de abastecimiento

Por otro lado, desde la UIA aseguran que la relación con el Gobierno “es correcta”, debido a que el diálogo es fluido, pese a no siempre estar de acuerdo. Este miércoles, se reunieron con Guzmán. Coinciden con el Poder Ejecutivo en que el tipo de cambio no está atrasado. “La UIA no pide una devaluación, que quede bien claro”, definió Acevedo.

La mayor preocupación que le transmitieron al Ministro es por la brecha cambiaria. «Hay que ver cómo se baja, y si se hace a través de las expectativas, porque más que económico, es un tema político”, definió Acevedo. Para el industrial, la solución pasa por “buscar consensos y de dar algún tipo de previsibilidad de lo que va a pasar en la parte política, eso va a dar una macroeconomía ordenada”, opinó.

Uno de los temas donde la UIA se mostró en la vereda de enfrente del Gobierno fue en cuanto a la amenaza de Alberto Fernández de aplicar la ley de abastecimiento por los faltantes en el sector de la construcción. “Ya lo cuestionamos cuando se sancionó la ley e interpusimos acciones judiciales”, recordó Daniel Funes de Rioja en la videoconferencia, quien presidirá la conferencia industrial de la semana que viene. 

El abogado pidió que se usen “otros elementos normativos para evitar abusos de defensa de la competencia” y dijo que lo que hay que mirar son las causas de los faltantes. Como ejemplo puso a la industria alimenticia. “Hay precios congelados con aumentos importantes de insumos que desbordan la estructura de costos”, describió, y opinó que deberían terminarse las medidas de emergencia, como Precios Máximos. Para Coatz, los faltantes de insumos no se tratan de una generalidad sino “cuestiones puntuales” que surgen por la brecha cambiaria.

El próximo tema a discutir con el Gobierno será sobre el trabajo en la pospandemia. “Los interrogantes son cuánto tiempo más vamos a tener a gente fuera del plantel con temas como la escolaridad, y los costos adicionales para el traslado del personal”, anticipó Acevedo. Funes de Rioja informó que se “el 20-25 por ciento de la dotación está liberada de prestar servicios, cuando debería estar reinsertándose en la actividad”.