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A partir de ahora, se abre un período de veinte días en el que los bonistas –fondos de inversión extranjeros, en su mayoría– deberán resolver si aceptan la propuesta de canje de títulos de deuda argentina que le ofrece Argentina, o llevan al país al default. Hay muy poco margen para la negociación, quizás agregar algún punto más de interés en el mediano o largo plazo (reduciendo la quita del 62% propuesta). Pero los términos en los que el gobierno llegó a presentar su oferta, con el FMI de su lado, revierte las cargas: un rechazo sin presentar alternativas «viables» dejaría sobre la espalda de los acreedores la responsabilidad de provocar la cesación de pagos.
Así lo debería considerar el FMI, que ya dio su veredicto de que la deuda argentina en su estructura actual es «insostenible». Y así lo deberían evaluar incluso gobiernos y otros factores de poder de las principales potencias, admitiendo que la prioridad en el uso de recursos en este momento, de ningún modo puede estar en el pago de deudas financieras. Quizás en este punto radique parte del mérito de la propuesta: la elección del momento de presentarla, desfiando a quienes recomendaban desensillar hasta que aclare (aunque no dicho en los términos de la liturgia peronista).
Martín Guzmán se mantuvo firme en su convicción de que no se podía hacer ningún desembolso más en divisas hasta el año 2023. Lo planteó antes de ser nombrado ministro (entrevista del 29 de octubre de 2019) y lo mantuvo a lo largo de las negociaciones previas a esta oferta. Convenció al Fondo Monetario, pero no a los grupos de bonistas con los cuales conversó. Estos grupos le siguen reclamando un mayor ajuste fiscal, es decir un sacrificio de gastos en otras funciones de gobierno para destinar más recursos al pago de la deuda. La respuesta es clara también en este punto: «no hay ninguna posibilidad».
La propuesta de reestructurar el cronograma de compromisos tiene correlación con un programa de crecimiento y desarrollo que el gobierno postergó, primero a la espera de resolver el tema de la deuda y ahora por la emergencia sanitaria. En el criterio de la propuesta de reestructuracion se mantuvo vigente la convicción de que «cada dólar que se destine al pago de la deuda tiene como consecuencia prolongar la recesión» (Guzmán, en el mismo reportaje post elecciones mencionado). La referencia tiene mayor vigencia ahora, cuando el país soporta la superposición de una segunda crisis, la sanitaria, cuando aún no resolvió la anterior, la económica que le dejó el macrismo.
En los próximas días, lo que estará en la superficie es el debate sobre si esta propuesta no es «demasiado agresiva» y no debería «flexibilizarse con un mayor ajuste fiscal», para tener algo más para ofrecer a los acreedores. O, de lo contrario, las perspectivas del «abismo al que nos arrojará el default». Guzmán, a su estilo, con tono suave y sin estridencias, rechazó tajantemente lo primero y dejó entrever que tampoco le teme, ni es un escenario no previsto, el de un default.
«Seguir el sendero de un mayor ajuste fiscal le destruiría el futuro a millones de personas, sería un problema para todo el territorio nacional y es algo que no vamos a permitir; el límite es esta oferta», advirtió Guzmán ante el conjunto de gobernadores. Una política de crecimiento y desarrollo en estos próximos años es posible con un acuerdo de deuda sostenible, pero incluso con un default. Con una política de ajuste «amigable» con los bonistas, no.
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