Un dirigente iraní que amenazó a EE.UU. con convertir Medio Oriente «en otro Vietnam» está acusado por la AMIA

Alí Akbar Velayati, el dirigente iraní que amenazó a Estados Unidos -tras el asesinado del general Qasem Soleimani- con la dura advertencia: «Si no abandonan Medio Oriente, se enfrentarán a otro Vietnam», está acusado supuestamente de haber participado en la preparación de la inteligencia para el atentado contra la AMIA de 1994. «El mundo verá lo antes posible la venganza por la sangre de Soleimani», dijo además Velayati en los funerales del ex jefe de la fuerza militar Quds, Soleimani.

Soleimani, tal como reveló Clarín en exclusiva el domingo, aparece nombrado en la causa AMIA desde el 2003 -aunque sin ninguna imputación- pero llamó la atención en fuentes judiciales que haya hecho un homenaje al ex jefe del servicio de seguridad exterior del Hezbollah Imad Moughnieh, acusado de haber organizado al comando que voló la sede de la mutual judía en 1994.

Velayati hoy es el principal asesor del líder supremo Alí Jameneí, pero en 1994 era canciller y miembro del Consejo Nacional de Seguridad y, según el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman y el ex juez Juan José Galeano, habría sido uno de los autores intelectuales del ataque terrorista que mató a 85 personas. Velayati pese a tener un pedido de captura internacional viaja a países aliados como Rusia, China o El Líbano por su carácter de alto diplomático. En reiteradas oportunidades, Velayati negó haber tenido participación en el atentado contra la AMIA.

Velayati «habría participado en la reunión efectuada el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashad», donde se «decidió atentar contra el edificio de la AMIA» de Pasteur 633 de esta capital. Como ministro de Relaciones Exteriores iraní entre 1981 y 1997, tuvo «importancia medular» mediante «la instrumentación del atentado otorgando pasaportes, visas, y cobertura diplomática», dice la acusación de la justicia argentina.

En uno de sus escritos, Nisman afirmó que “como jefe de el Ministerio de Relaciones Exteriores, Velayati coordinó las diversas actividades y proporcionó los recursos que fueron necesarios por todos los diversos cuerpos a su cargo para completar con éxito el tareas asignadas que les permitieron ayudar a los otros elementos en la cadena terrorista» que participó de la AMIA.

Así, «agentes de El Ministerio de Inteligencia, la Fuerza Quds y / o Ershad recibieron cobertura diplomática que les permitió llevar a cabo sus actividades sin el conocimiento de las autoridades locales”. Además, “las embajadas proporcionaron una base para estos agentes a partir de la cual pudieron realizar las acciones necesarias y al mismo tiempo, mantener contacto con el gobierno al que servían».

Entonces, Velayati «no solo participó en la decisión proceso que llevó al ataque, sino también hizo lo siguiente a través de su ministerio: siempre cobertura diplomática para uno de los agentes iraníes que estuvo más involucrado en el ataque (Mohsen Rabbani); proporcionó los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones descritas anteriormente; agentes seleccionados del Ministerio de Relaciones Exteriores para llevar a cabo el ataque; hizo un gran esfuerzo para ayudar a completar el fase final de la operación”. Rabbani recibió status diplomático unos meses antes del atentado.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había condenado las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra figuras del círculo del líder supremo, Alí Jameneí, como Velayati. El gobierno estadounidense impuso sanciones contra nueve dirigentes iraníes, entre ellas, el jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí; el segundo hijo del líder supremo, Mojtaba Jameneí; el consejero de Asuntos Exteriores del líder, Alí Akbar Velayati; y el jefe del Estado Mayor, Mohamad Baqerí.

Paralelamente, a principios de agosto el gobierno de Mauricio Macri dispuso el «congelamiento administrativo de bienes y/o dinero» de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, entre ellos Velayati, el ex embajador Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani, informaron fuentes vinculadas al caso.

La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, tiene vigencia inicialmente por seis meses.

Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto 489/2019. El gobierno de Alberto Fernández, al principio abrió la posibilidad de sacar al Hezbollah de esa lista pero luego el canciller Felipe Solá confirmó que seguirá incluido.

La inscripción al registro «fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del conocido atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina», añadió la Unidad de Información Financiera (UIF) en la resolución firmada por su vicepresidenta, María Eugenia Talerico.

Ese informe, explicó, sostiene que la Unidad AMIA «informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista» y «la existencia de trabas de embargo y la inhibición general» de sus bienes.

Los iraníes alcanzados por el medida son Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Velayati, Alí Fallahijan, Moshen Rezai y Ahmad Asghari.

La UIF dijo que esos imputados, con pedido de captura internacional a través de «alertas rojas» de Interpol, están «vinculados con Hezbollah, la Organización de Seguridad Externa (ESO) y determinadas personas de esa Organización, a partir de la asignación de diversos roles y funciones que les son atribuidos a cada uno de ellos» por el atentado a la AMIA».

El ex embajador en Buenos Aires, Ali Soleimanpour, añadió la UIF en base a la causa, «desempeñó un papel preponderante prestando su apoyo y tolerancia en el desarrollo de actividades de inteligencia, las cuales se llevaban a cabo en la propia Embajada Islámica de Irán en Buenos Aires, de la cual era su titular».

Fallahijan, ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997, habría coordinado determinados aspectos operativos» del ataque.

Sobre Rezai y Vahidi se reseñó que «ambos, comandantes de la Fuerza Al-Quds y los Guardianes de la Revolución, integraron el grupo que (…) sometió a evaluación la propuesta inicial de atentar contra nuestro país».

Y a Rabbani se lo vincula «por haber participado en la reunión», además de «haber brindado todas las facilidades para obtener la camioneta utilizada en el atentado, el lugar donde esconderla, y lo concerniente al armado de la bomba detonada».

Rabbani fue «actor central en la preparación y ejecución del atentado. Los elementos de prueba provistos por la investigación permiten atribuirle un rol protagónico en la logística local del atentado», añadió.

Sobre su relación con la financiación del ataque, se aludió a «las acrecentadas sumas de dinero que recibió (…) provenientes de su país de origen» para «solventar los gastos y cubrir las necesidades» del atentado.

También está, dijo, «probada la vinculación de Rabbani con miembros activos de la agrupación terrorista Hezbollah» que tiene varios miembros en Ciudad del Este, en la Triple Frontera.

En cuanto a Asghari «también habría participado de la reunión donde se decidió el atentado», teniendo «una marcada influencia en las decisiones» que se tomaban en la embajada de Irán en la Argentina, y «está sindicado como uno de los principales responsables de la operación», se indicó.

Otro alcanzado días pasados por el congelamiento es el colombiano Salman Salman (o Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman), «considerado como uno de los máximos responsables a nivel local» del atentado. Desde Ciudad del Este habría venido con el detonador y con el conductor suicida, según un informe del FBI.

En declaraciones a C5N a mediados del 2015, Velayati había dicho desafiante «¿Ustedes estarían de acuerdo con que los funcionarios argentinos que actuaron contra el acuerdo con Irán y dejaron de vender el uranio enriquecido al 20% sean juzgados aquí?» En 1991, el gobierno de Carlos Menem suspendió la entrega de una planta piloto de enriquecimiento de uranio de INVAP a Irán, supervisada por la Organización Internacional de la Energía Nuclear.

La designación de Hezbollah como organización terrorista que impulsó la UIF, que dirige Mariano Federici, supone que “todo financiamiento a esa organización es hoy considerado un delito de financiación del terrorismo. Antes no lo era”. Por ejemplo, la UIF ya congeló los activos por riesgo de financiación de terrorismo contra el llamado Clan Barakat (14 integrantes) y ratificado judicialmente por el Miguel Guerrero, Juez Federal del Dorado, Misiones. Hay otro congelamiento de bienes por el mismo riesgo contra todos los iraníes con alertas rojas en el marco se la causa AMIA, ratificado judicialmente por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.