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El fin de año, que, según marca la historia argentina reciente, suele traer complicaciones para los gobiernos por lo que ocurre en las calles, levantó temperatura esta vez puertas adentro. El Gobierno pretendía celebrar una sanción tranquila del Presupuesto, con cuestionamientos leves y casi acordados con la oposición, en una especie de ofrenda de consenso para la misión del FMI que trabaja en estos días en Buenos Aires, pero una madeja de errores, diferencias internas y desconfianza profesional terminó complicando el festejo y la ley será enviada otra vez hacia la Cámara de Diputados.
Lo que pasó fue que la semana pasada, cuando los senadores peronistas mandaron a sus asesores a revisar -porque saben que las frías letras impresas valen más que las cálidas promesas de los funcionarios- qué obras públicas les tocaban para sus provincias según el texto que había aprobado la Cámara de Diputados, detectaron que había montos globales del gasto en infraestructura pero no figuraba el detalle de cada obra con nombre, lugar de emplazamiento y monto asignado. Eso no se acepta, y menos en un año de elecciones y con la economía destruida, en donde el único recurso que tendrán los gobernadores para hacer campaña serán las obras públicas que les asigne el Gobierno nacional.
Los senadores peronistas le reclamaron al Gobierno por ese faltante y el Secretario de Hacienda Raúl Rigo propuso enmendar el error con una nota que le mandó el 4 de noviembre a Sergio Massa en la que pedía que se incluyeran las planillas con el detalle de obras en el giro del proyecto desde Diputados al Senado. Para los senadores oficialistas, que por lo visto valoran poco las manifestaciones de buenas intenciones, esa solución era endeble, así que decidieron reenviar el proyecto a Diputados para que incluyan el detalle de las obras en las planillas anexas sometidas a votación.
Massa convocará este viernes a una reunión de bloques para determinar cuándo se puede sesionar para volver a aprobar el mismo presupuesto ya votado, pero antes tendrá otra cita: a las 11, en las oficinas de la presidencia de la Cámara de Diputados, recibirá a los enviados del Fondo Monetario Internacional. Julie Kozack y Luis Cubeddu quieren que el acuerdo por un nuevo préstamo del FMI para pagar los vencimientos del crédito que tomó Mauricio Macri sea refrendado en el Congreso.
Para el lunes, los miembros de la Misión tienen agendado un encuentro con los jefes de los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que organizó Luciano Laspina por pedido de los funcionarios del organismo internacional. Sondearán con ellos las posibilidades de que la oposición vote también a favor del nuevo préstamo. El Fondo no quiere saber de grietas, y por eso en esa mesa, además de los líderes parlamentarios, también se sentarán los presidentes de los tres partidos que componen la coalición opositora.
Además de la agenda de reuniones, los jefes opositores comparten con los dirigentes del oficialismo otra cosa: ninguno sabe qué quiere hacer el Gobierno con las PASO del año que viene. Hace algunas semanas, Eduardo Wado De Pedro le dijo a Horacio Rodríguez Larreta que el Gobierno no tenía intenciones de suspender las primarias. «¿Es algo que me decís a mí informalmente o lo puedo transmitir a la Mesa de Juntos por el Cambio?», preguntó el porteño. «Transmitilo», dijo De Pedro. Rodríguez Larreta pasó esa información, pero también pudo observar cómo a cada rato salta un gobernador peronista pidiendo voltear las PASO.
Máximo Kirchner admitió frente a algunos diputados que aún no hay una definición en el Gobierno sobre ese tema y Juntos por el Cambio ya avisó que -a pesar de que Macri siempre las consideró una perdida de dinero y tiempo– tratará de defender el sistema de Primarias, sobre todo porque le sirven para solucionar diferendos en dos distritos determinantes: Buenos Aires y Córdoba. Las oposiciones siempre defienden las PASO, y entonces la pregunta determinante es: ¿Qué le conviene a Cristina Kirchner? Quien conozca esa respuesta podrá anticipar qué posición tomará el Gobierno en este aspecto.
Ese no es el conflicto que más tensiones genera al interior del oficialismo. Los intendentes bonaerenses quieren eliminar las trabas que les impiden presentarse a una segunda reelección, hoy prohibidas por una ley provincial. Como La Cámpora defiende esa norma porque el bloqueo a los intendentes y concejales reincidentes abre más lugares en las listas para ellos, los jefes comunales tratarán de que algún juez creativo les devuelva sus derechos políticos.
Todas esasescaramuzas ocurren, como mandan los tiempos de pandemia, bajo techo. Pero aún faltan algunas semanas para que termine el año.
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