Un hijo de Báez y su abogada se culpan por la venta ilegal de lana por 1,5 millón de dólares

El destino de unos 250.000 kilos de lana son el nuevo foco de disputa en el clan Báez. Uno de los hijos de Lázaro Báez, Leandro, pidió querellar a la abogada de su padre, Elizabeth Gasaro, por la causa donde se investiga una venta ilegal de lana. El requerimiento de confrontar a la representante legal de Lázaro Báez será reiterado por segunda vez este martes, ya que según el menor de los hijos varones del contratista K, ella estaba “al tanto de la operatoria comercial realizada a través de canales informales” por 1.500.000 de dólares.

La controversia ocurre pocos días después del reclamo de Norma Calismonte (ex esposa de Báez) por 2 millones de pesos que supuestamente circularían en concepto de alquileres de inmuebles del Grupo Austral pero que la familia no percibe, y también se suma a otro planteo: robos y saqueos a propiedades.

Más de 600.000 hectáreas distribuidas por el suelo santacruceño integran el imperio inmobiliario de Lázaro Báez, cuyo valor la Justicia tasó en 250 millones de dólares. Entre las 1.420 propiedades que adquirió durante la era kirchnerista, el empresario K cuenta con 60 estancias. La familia Báez busca ahora alquilarlas para que sean explotadas por un tercero y evitar que se deterioren y pierdan valor. Todas esas propiedades están embargadas y la empresa que maneja los campos cuenta con veedores judiciales.

La justicia determinó que el origen del dinero que entre 2004 y 2015 incrementó el patrimonio de Báez en un 12.127 % es ilícito. Producto de maniobras de lavado y de la obra pública que recibió del gobierno de Cristina Kirchner.

Con la debacle del imperio Báez, desde Austral Agro -la firma que administra los campos- decidieron alquilar las estancias, porque comenzaron a detectar saqueos y robos en algunos cascos. Pero además, porque había ganado para movilizar y comercializar. El responsable de esta empresa era Leandro Báez, hasta que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que juzga a la familia Báez por lavado de dinero- ordenó que la empresa sea intervenida.

Pero los problemas siguieron. El fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, señaló que la intervención judicial en Austral Agro detectó movimientos irregulares de dinero.

Comenzó entonces otra pelea más en la familia Báez, y que derivó en una investigación judicial a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Elizabeth Gasaro -abogada de Lázaro- dijo a la interventora que Leandro Báez vendió lana por canales informales, es decir en negro y a sus espaldas. Pero el hijo del empresario K sostiene que fue ella quien realizó la operatoria comercial que se investiga. Los abogados Alejandro Baldini y Roberto Herrera pidieron un careo entre ambos. “Es necesario para explicar cómo se realizó toda la maniobra”, indicaron a Clarín y añadieron: “Leandro corrió la lana de lugar porque sabía que Gasaro la quería vender y ella sabía que se había movido la lana y por ello informa a la interventora que no estaba la lana, y que supuestamente Leandro la había comercializado”. Una interna más que dirime en la justicia federal por millones de dólares.

Todo inició con el informe de la interventora nombrada por la Justicia en Austral Agro, Susana Inés Santrasola. Su informe expuso otra situación que involucra a la abogada de Lázaro Báez. «Según comentarios de la zona, la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora», se detalló en el escrito de la responsable por la firma.

Según se señaló ante el TOF 4, Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro Báez, admitió conocer la realización «de estas operaciones de venta de la lana a través de canales informales, circunstancia que justifica por la necesidad de hacer pagos al personal y proveedores de Austral Agro».

Todo comenzó con información recibida por la interventora por parte de gente de la zona, que se refirió a “lana faltante que había sido vendido en negro”: “la doctora Elizabeth Gasaro manifestó de manera telefónica conocer la realización de estas operaciones de venta de lana a través de canales informales, circunstancia que Leandro Báez justificara para hacer frente a los gastos de personal”.

La interventora de la empresa señaló que esa afirmación «no es legal y es probable que ni siquiera haya respondido a la realidad», ya que a la fecha de la designación de la intervención «se le adeudaba al personal desde octubre de 2017, así como a proveedores y a mayor abundamiento la zafra 2017/2018 fue abonada por esta intervención como condición previa a poder requerirle al mismo proveedor la nueva esquila».

La Justicia cree que de forma ilegal la familia Báez vendió 250.000 kilos de lana por 1.500.000 dólares, fondos que no ingresaron a la cuenta judicial de la compañía.

Será la jueza Capuchetti quien deberá desovillar este enredo. En su juzgado se buscará determinar si esos movimiento de dinero se realizaron para evitar «controles» de la Justicia. La familia Báez está embargada en 3.000 millones de dólares en total y todas las empresas tienen intervenciones judiciales.

La situación se complicó, ya que el TOF intervino Austral Agro ante la falta de colaboración de Leandro Báez. Lo acusó de estar ante una «grave maniobra de sustracción de un cuantioso volumen de lana de las arcas de la empresa que debe ser investigado, toda vez que se estarían eludiendo las medidas restrictivas que pesan sobre la compañía o vaciando a la misma de su capital».

En este contexto el hijo de Báez se defiende y responsabiliza a la abogada de su padre. “Fue ella quien propuso a Leandro vender la lana por canales informales”. Sus abogados Baldini y Herrera, insisten: “Gasaro acusó a Leandro cuando fue ella quien admitió conocer esas operaciones”.