Una entidad internacional denunció que el proyecto de jubilaciones de los magistrados «avasalla» a la justicia argentina

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) reclamó hoy al Gobierno y a los legisladores del Frente de Todos que den “un debate previo” con el «tiempo necesario y la seriedad acordes» al políticamente delicado tema que se discute antes de votar la semana que viene el polémico proyecto de reforma de las jubilaciones de jueces y diplomáticos. Además, consideró que el proyecto votado ayer por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados «es un claro avasallamiento» de la independencia de la justicia argentina.

En un comunicado, la UIM sostuvo que para que “no se vulneren las garantías constitucionales esenciales para la vigencia de un real Estado de Derecho, y como forma de resguardar las funciones de los jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales a partir de la reforma jubilatoria que se intenta, consideremos imprescindible el debate previo que permita un diálogo entre todos los organismos involucrados, con el tiempo necesario y la seriedad acordes con toda toma de decisiones exigibles del orden democrático y republicano”.

La Unión Internacional de Magistrados es una organización internacional profesional apolítica que fue fundada en Salzburgo (Austria) en el año 1953. Sus miembros no son personas individuales, sino decenas de asociaciones nacionales de magistrados de todo el mundo.

El comunicado de la UIM se suma al boicot de los legisladores de Juntos para el Cambio y las denuncias de constitucionalistas como Daniel Sabsay contra el proyecto aprobada ayer en Diputados.

En un comunicado, la UIM señaló que “resulta preocupante, por ser un claro avasallamiento a la independencia del Poder Judicial, el intento de reformar las pautas para determinar el haber jubilatorio de los magistrados y funcionarios, sujetando a futuro a partir de índices no especificados tomando como base de cálculo el sueldo histórico de los últimos diez años”.

“La letra de la Constitución Nacional Argentina establece claramente la necesidad de dotar de estabilidad e intangibilidad a la función que desempeñan los magistrados argentinos. Conforme lo tiene dicho el Máximo Tribunal de esa República, doctrina concordante con los principios que orientan a los sistemas que conforman el orden interno de los países que tienen un sistema judicial independiente, la intangibilidad de las remuneraciones ha sido establecida como garantía del Poder Judicial de la Nación, con el fin de liberarlo de toda presión por parte de los otros poderes del Estado, para preservar su absoluta independencia”, agregó la UIM.

Resalto que se “toda solución normativa que se proyecte sobre aquellos que, por haberse jubilado con derecho a un porcentaje fijo de las remuneraciones de los magistrados en actividad, encuentran sus haberes sensiblemente disminuidos frente a los que deberían percibir para evitar discriminaciones ilegitimas, implica el quebrantamiento de la norma superior respecto de estos magistrados jubilados. (Fallos: 315:2379)» (Cf G. 99, XXXII, Gaibisso, César y otros c/Estado Nacional -Ministerio de Justicias/amparo ley 16.986″, rta. 10/04/01)”.

La función que desempeñan los jueces presenta “una naturaleza propia con características y exigencias específicas, muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales. Ninguna otra actividad pública se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades y limitaciones funcionales tan estricto como el de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, necesario para el correcto ejercicio de la función”.

Por esta razón “es que se diseñó un régimen jubilatorio especial de retiro y por ello los jueces, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial y provinciales aportan un punto porcentual más que el régimen general aportado al fondo común jubilatorio y cuyo monto se calcula –no como ocurre en el régimen común- sobre el bruto de las remuneraciones que reciben”.