Una fiscal pidió la intervención judicial total del Correo Argentino

La fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial Gabriela Boquin pidió el desplazamiento de la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, para evitar que las autoridades de la firma perteneciente a la familia Macri «prosigan con un uso abusivo» del concurso de acreedores que, según la funcionaria, se comprueba con una «inadmisible» prolongación de los plazos (18 años de trámite concursal) tendiente a licuar su pasivo«. Con la supuesta maniobra, la empresa habría logrado un «presunto vaciamiento progresivo» del Correo, algo ya denunciado por la Fiscalía.

Después del escándalo que estalló hace tres años, cuando la misma fiscal Boquin denunció que el gobierno -encabezado por Mauricio Macri- estaba a punto de aceptar una propuesta de pago de la deuda del Correo con el Estado que implicaba una quita intolerable y una supuesta pérdida millonaria para las arcas públicas, en julio del año pasado la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial otra propuesta de pago, que consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.

Ante esta nueva oferta formulada, la Procuración del Tesoro -organismo responsable de avalar o no el acuerdo- requirió más tiempo para estudiar aquella propuesta y algunas especificaciones técnicas a la compañía, por la «gravedad institucional del tema». El entonces procurador, Bernardo Saravia Frías, solicitó que esta propuesta esté completamente separada de los demás juicios cruzados que tiene la empresa contra el Estado.

En septiembre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia Macri, haciendo lugar al pedido de la Procuración del Tesoro.

En paralelo, la jueza comercial Marta Cirulli dispuso la intervención del Correo Argentino SA, nombrando un coadministrador. En su resolución la magistrada le concedió tres facultades al interventor: «Participar de las deliberaciones del órganos de administración, proponer al Directorio medidas para abaratar costos y por último, informar cuáles son los pasivos post concursales». Esa intervención no desplazaba al Directorio de la firma.

Pero ahora, la fiscal Bouquin advirtió sobre el «vaciamiento» de la empresa ,y pidió una intervención completa, que incluya el desplazamiento del órgano de administración del Correo Argentino S.A., remarcando que la empresa de la familia Macri realizó “actos de gravedad ligados al vaciamiento”.

Este planteo se formuló en el marco de la apertura del procedimiento de “cramdown” o salvataje de la firma concursada. En su dictamen, Boquin señaló que a esta altura corresponde que por sorteo se designe un interventor judicial con plenas facultades de administración, hasta que concluya el procedimiento de salvataje, «sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades a propuestas de acuerdos con acreedores».

Al fundamentar su pedido, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo: «la empresa se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.

Con dureza, Boquin sostuvo que “luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa o fueron efectuados violando lo dispuesto” en la Ley de Concursos.

Por otro lado, indicó que el pasivo concursal se «incrementó», lo que podría producir «otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.

La decisión de la Fiscalía fue extensiva a los demás juzgados donde se investiga al Correo Argentino SA en fuero federal, como también se remitieron las copias a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Historia de una causa compleja

Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.

En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.

Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla «ruinosa, abusiva» y cuya «irregular aceptación» perjudicaba «gravemente el patrimonio del Estado nacional».

El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la «condonación de la deuda» que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033. Sin embargo, el abogado experto en quiebras Daniel Vitolo explicó que el cálculo de la fiscal estaba equivocado porque se trataba de una empresa concursada.

Esto derivó en una causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.

Lijo ordenó la realización de un «informe técnico contable» vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma, informaron fuentes judiciales.

El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue «abusivo» como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin.